El gran pacto nacional recientemente firmado por las tres fuerzas políticas más importantes del país con el flamante gobierno del presidente Peña Nieto no realizará su ambicioso propósito de estimular el ritmo de crecimiento y desarrollo si no se involucran compromisos ciertos y definidos por parte de los sectores empresariales.
Nadie duda de la urgencia de corregir con las numerosas reformas estructurales que deben aprobar las cámaras como, por ejemplo, la crucial reforma fiscal para proporcionar fondos para sostener la pléyade de programas sociales que todo país moderno necesita.
Es obvio que hay que atacar de inmediato la gigantesca tarea de poner el nivel de la educación a la par de los más avanzados. Las reformas, muchas de las cuales han sido ya planteadas con claridad por el PAN durante su administración de doce años, son todas urgentes.
Hasta ahora, sin embargo, la costumbre en México es la de poner a trabajar al gobierno sin más esfuerzo por parte de una ciudadanía que seguir exigiendo y rehusándose a pagar impuestos. Esta relación es perversa y genera la convicción de que tratándose de esfuerzos sociales sólo a una de las dos partes del binomio cívico debe trabajar.
Hay que entender, empero, que una comunidad sana sólo funciona en base a la solidaridad entre todos sus miembros y, mucho más importante, en la actividad que los componentes de la propia sociedad aportan para la llegar a las metas que se proponen en los programas.
Las importantes reformas que están pendientes de aprobarse por el Legislativo, que conviene que sean despachadas en la primera etapa del sexenio que se inaugura, son de muy amplio espectro. Sus fundamentos no pueden traducirse en realidades sin que se compartan responsabilidad y acción.
Son los industriales y comerciantes los que más han repetido la urgencia de que modernicen los sistemas fiscales y son ellos mismos en unión con los agricultores los que han pedido la política de comercio exterior sea promotora de empleos más que defensoras del consumidor. Todos los sectores sociales sin excepción expresan la que hay que detener la constante baja de la calidad del magisterio sindicalizado.
Desde hace mucho tiempo hay que disciplinar a las instituciones bancarias y financieras para encauzar el crédito a actividades prioritarias para el desarrollo nacional. Son los actores económicos los que más han porfiado en que se realice una reforma energética.
Los empresarios insisten en que cada una de las reformas son indispensables para que ellos puedan continuar en sus actividades o incluso subsistir. Sin la acción valiente de la dupla oficial presidencia-congreso, no puede esperarse que la iniciativa privada se despliegue ni mucho menos alcance su plena potencia. Esta fórmula es incompleta. El gobierno no basta.
Las reestructuraciones que se necesitan no son simples dictados de análisis y evaluaciones hechas por sesudos expertos o recomendaciones de organismos internacionales. Todas ellas, sin excepción, han sido objeto de persistente insistencia de los sectores sociales interesados.
Hace falta entendernos. Si los emprendedores del país informan que ellos requieren la acción firme del gobierno para crear las condiciones que propicien su también indispensable actividad, es entonces justo esperar la misma calidad de compromiso para que se cumplan las metas de cada una de las reforma. Programa sin acción, es claramente inútil.
La pujanza del desarrollo económico y social proviene de la energía que los actores que ejercen la capacidad productora de un país.
El gran pacto que se ha firmado es sin duda un hito en la historia política del país. No lo será en materia económica o social si no se eleva su estatus a ser un compromiso que una a las fuerzas productivas a las metas que ellas mismas le piden cumplir al gobierno como si en realidad éste pudiera hacerlo solo.
Las metas socioeconómicas son claras, crear cierto número de empleos en un lapso determinado, transformar a toda la economía en formal, aumentar la producción de alimentos a niveles de autosuficiencia y exportación, promover la mayor integración nacional en nuestras manufacturas y elevar la cantidad de las pymes, y tantas más.
Ninguna de ellas se podrá lograr sin la acción empresarial. El sector privado, y no sólo el gobierno, tiene la respuesta.
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