Hemos pasado de las manifestaciones a los bloqueos de calles y carreteras, y de éstos a los secuestros de funcionarios, policías y soldados. La espiral es producto de los incentivos perversos que genera el propio gobierno, el cual primero no parece tener mecanismos para escuchar los agravios ciudadanos y después no sólo se abstiene de castigar los actos delictivos, sino que se desvive para dar a quienes los cometen todo lo que piden y más.
En El Pericón, Guerrero, un grupo armado, de esos que se autonombran policías comunitarios, bloqueó esta semana la carretera Tierra Colorada-Ayutla. No contento con ello "retuvo" (un eufemismo que significa "secuestró") a unos 60 militares junto con su comandante. Cuando funcionarios guerrerenses y de la Secretaría de Gobernación federal se presentaron a negociar, también a ellos se les retuvo.
Después de 36 horas, el grupo armado aceptó liberar a los secuestrados y permitir el paso por la carretera a cambio de la promesa de que sus líderes podrían reunirse con el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y con funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Si no se les da todo lo que quieren, regresarán a sus bloqueos y secuestros… saben que gozan de impunidad.
La técnica es cada vez más socorrida. Esta semana ha habido también bloqueos en Oaxaca, conforme los maestros de la CNTE dan por terminadas sus vacaciones y se preparan… para no regresar a clases. A ellos se añaden los estudiantes de la Universidad Autónoma Benito Juárez. En Sonora, los bloqueos de más de dos meses en la carretera de Ciudad Obregón a Nogales, en el poblado de Vícam, han provocado pérdidas multimillonarias que se reflejan ya en la desaparición de empleos. En la ciudad de México los bloqueos de calles son una experiencia cotidiana y frustrante que castiga a los ciudadanos con la complicidad de la policía local. En Michoacán, tanto los normalistas como otros grupos han aprendido que la forma más segura y rentable de protestar es bloquear vías de comunicación.
El que en los países democráticos no se registren estos bloqueos no debería sorprender. No es que no haya causas --válidas o no-- que provoquen protestas, pero éstas no se traducen en bloqueos de calles y carreteras porque la autoridad no lo permite. El intento de los indignados de Wall Street por cerrar el puente de Brooklyn el 1ro de octubre de 2011 culminó en la detención de 400 manifestantes. En México los activistas bloquean las vías de comunicación porque nadie se atreve a detenerlos.
Un estado democrático debe tener instituciones que permitan el diálogo con personas que tengan agravios y que busquen solución a los conflictos. Si estos mecanismos no funcionan, la protesta debe ser siempre una opción. Un gobierno que reprime las protestas a balazos, como lo hace hoy el gobierno militar de Egipto, no puede considerarse democrático.
Pero una cosa es permitir las protestas y otra muy distinta las agresiones a los ciudadanos. Los bloqueos de calles y carreteras, o los secuestros de funcionarios, policías o soldados, son delitos que deben castigarse, aunque los cometan integrantes de movimientos sociales. Estas acciones lastiman no a la autoridad, sino a ciudadanos inocentes.
En México los funcionarios están tan aterrados del uso legítimo de la fuerza pública que aceptan que los grupos políticos tomen a los ciudadanos como rehenes. Cada vez que permiten una protesta que se convierte en agresión, y que premian a los participantes con dinero o prebendas, están sembrando las semillas para que la fuerza se convierta en la única manera de conseguir justicia en el país. Quieren, al parecer, que la ley sea reemplazada por la ley de la selva.
POR LA SALUD
Legalizar la marihuana podría proteger la salud de los consumidores. Mucha de la droga que actualmente se vende en las calles está adulterada. Si fuera legal, el gobierno podría supervisar su calidad, como hoy lo hace con las bebidas alcohólicas.
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