Al debate técnico sobre la reforma energética impulsada por Enrique Peña Nieto, se le agrega la disputa por la interpretación histórica y la figura del general Lázaro Cárdenas.
Es típico e inevitable que los partidos políticos pongan de su lado a los héroes y figuras destacadas de la historia en tanto atribuyan militancia de los traidores y antihéroes a sus partidos rivales. Es un aspecto infantil y absurdo, pero recordemos que los políticos de todo signo son, con excepciones, infantiles y absurdos. Pero el hecho de que Peña Nieto haya decidido utilizar la figura del general Cárdenas y la presentación y promoción de su iniciativa energética tiene una virtud pragmática y publicitaria: ha prevalecido el mito, generado desde la izquierda (tanto del PRI como del PRD) de que la actual normatividad en materia energética proviene de la expropiación de 1938 y se corresponde con la visión nacionalista y patriótica del general Cárdenas, cuando en realidad dicha normatividad es mucho más rígida y cerrada que la que impulsó don Lázaro, y se implantó mucho más tarde.
Se manda el mensaje de que las propuestas del gobierno actual se acercan en buena medida a la normatividad de los tiempos de Cárdenas tras la expropiación, por lo cual no podría tildársele estrictamente de antinacionalista, neoliberal, entreguista, etcétera.
En efecto, prevalece en la población la idea de que la normatividad actual viene de tiempos del cardenismo, que sólo manteniendo sus pautas generales se preservará la soberanía nacional, y que cualquier apertura (o casi) al capital privado, implica una traición a la patria, cuando la normatividad del cardenismo aceptaba en margen no despreciable dicha inversión. En ese sentido, parece adecuado aclarar desde el gobierno un mito que no corresponde con la realidad, pues como dice Enrique González Pedrero (intelectual de la izquierda razonable y razonadora) "un pasado mentiroso conduce a un presente mentiroso". Desde luego, el uso que también el PAN hace de la imagen de Cárdenas resulta excesiva y fuera de lugar, pues su iniciativa rebasa con mucho la del gobierno federal y excede la normatividad vigente en el cardenismo. Pero se trata de beneficiarse de las figuras históricas.
Los dogmas del pasado heredados de nuestras luchas políticas decimonónicas y de la posrevolución, se han convertido en una camisa de fuerza que impiden la adecuada actualización en las políticas públicas, y recuerdan más actitudes religiosas (donde todo cambio es sospechoso) y menos las del racionalismo moderno (Weber) que busca adecuar medios con fines según cambian las circunstancias. Decía José Vasconcelos: "Mientras sigamos borrachos de mentiras patrióticas vulgares, no asomará en nuestro cielo la esperanza. Una verdad resplandeciente es condición previa de todo resurgimiento". Cabía la aclaración oficial de que la actual normatividad petrolera no es la de Cárdenas, que en efecto aceptaba inversión privada en varios rubros de la industria.
Ahora, la izquierda se siente sumamente agraviada de que le escatime la "propiedad" de la imagen del general, que el PRI también podría reclamar, pero desde luego el PRD nació como una reivindicación del nacionalismo revolucionario que los tecnócratas del PRI relegaron con Miguel de la Madrid. Y para que eso no quede en duda ha salido el fundador del PRD e hijo del general, al reivindicar la imagen histórica de su padre y desconociendo cualquier legado de su obra e ideología al actual gobierno privatizador. Por lo que la reacción de la izquierda a la iniciativa de Peña, que era previsible, se ha avivado por esta nueva afrenta. Las movilizaciones contra la reforma peñista estarán ahora condimentadas con la "defensa" de la imagen histórica del general Cárdenas como hombre de izquierda y nacionalista, que jamás podría estar al servicio de un gobierno de derecha, neoliberal y entreguista. Y si bien el PRI y el PAN tienen los votos para la reforma constitucional, queda la pregunta de hasta dónde podrán equilibrar sus proyectos, pues mientras Peña se acerque a la propuesta panista, habrá mayor resistencia a la reforma, probablemente incluso dentro del propio PRI. El PAN, al extremar su propuesta, paradójicamente reduce las probabilidades de aprobación de los cambios constitucionales. La iniciativa de Peña podría pasar, pese a todo, pero la del PAN es casi imposible, ni siquiera con el respaldo del Presidente.
Investigador del CIDE
