Una tendencia clara en los países desarrollados y en las naciones emergentes es una menor participación de las manufacturas en sus economías, como se aprecia en las estadísticas de estos países.
Este comportamiento es, de hecho, parte del proceso mismo de desarrollo económico, donde cobran importancia las actividades relacionadas con el sector servicios.
Por ejemplo, el Bureau of Labor Statistics (BLS) del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos (EU), señala en la edición 2012 del "Charting International Labor Comparisons", que "Entre 1970 y 2010 la participación del sector de las manufacturas en el Producto Interno Bruto (PIB) disminuyó con una tasa muy parecida en Japón, la Unión Europea y los EU".
Dice, además, que "en China, la participación de la producción manufacturera dentro del PIB disminuyó desde un máximo de más del 40 por ciento a finales de los años de 1970 a menos del 30 por ciento en 2010".
Estas referencias vienen al caso porque en México se ha discutido que una tendencia similar observada en los años recientes, particularmente del 2000 al 2012, donde la participación de manufacturas en el PIB pasó de 19.1 a 17.7 por ciento, es prueba irrefutable de que estamos en un proceso de "desindustrialización" y para contrarrestarlo es necesario el diseño e instrumentación de una nueva política industrial.
De hecho, Enrique Peña Nieto ofreció en la campaña una política industrial activa, después de varios años en los cuales el fomento de la actividad industrial, en general, y manufacturera, en particular, ha provenido de estímulos más generales, como la apertura de mercados a las exportaciones mexicanas vía los diversos tratados comerciales.
El sector Industrial de Nuevo León, en respuesta a ese ofrecimiento, planteó la semana pasada que integrará propuestas para "la gestación de una nueva política industrial" que hará llegar a la Secretaría de Economía.
No hay duda de que será muy importante la orientación de las políticas públicas que pidan los empresarios, pero más aún, el que a fin de cuentas den las autoridades a la política industrial en nuestro país.
Ojalá que los argumentos que se propongan, así como las acciones que resulten, no sean un regreso a las políticas industriales del pasado.
En efecto, el argumento históricamente más socorrido en favor de la política industrial es que los productos importados entran al país con un precio por debajo de su costo ("dumping"), lo que representa una competencia desleal para los productos elaborados en el país, los cuales necesitan ser protegidos con medidas compensatorias, principalmente aranceles de importación elevados.
Es normal que con los argumentos de que el gobierno "debe" velar por "la integración de cadenas productivas" y el "apoyo a la pequeña y mediana industria", así como con otras ocurrencias, cada sector productivo promueva y defienda sus intereses.
Nadie puede culparlos por utilizar su poder político para convertir la política industrial en un mecanismo que les otorgue subsidios, protección y tratos preferentes.
Muchos países, México entre ellos, han tenido experiencia con política industrial, pero en la gran mayoría de los casos una política donde el gobierno selecciona "ganadores" cuesta mucho y fracasa. Los mercados fallan, pero los gobiernos fallan aún más.
La evidencia muestra que cuando existe ese tipo de "política industrial" las empresas privadas seleccionadas como "ganadoras" por el Estado descansan en el proteccionismo y la asistencia gubernamental, haciendo dinero a costa de los consumidores y el erario.
Una política industrial de esa naturaleza se convertiría en un sirviente de intereses especiales en vez de un guardián del interés general. La espontaneidad y efectividad con la que el mercado selecciona a las empresas exitosas del futuro, nunca podrá reproducirse por la burocracia gubernamental.
El desarrollo industrial del país no requiere de esa clase de "política industrial".
Es crucial, por consiguiente, que la nueva política industrial que finalmente anuncien las autoridades se fije objetivos realistas, sin la intervención burocrática selectiva, y muchas veces corrupta, que acompaña a una política de subsidios, protección y preferencias que definen un reducido número de personas. En su lugar, deben aplicarse medidas más generales que promuevan un entorno económico parejo y flexible para facilitar y estimular la innovación y competitividad de nuestras empresas.
Esto puede lograrse, entre otras acciones, mediante la eliminación de regulaciones, la aprobación de las reformas estructurales, una garantía irrestricta de los derechos de propiedad y la vigencia del Estado de Derecho.
