Todo parece indicar que en los próximos meses el Congreso tendrá que designar a los integrantes de los órganos de gobierno de organismos autónomos, algunos de reciente creación y otros por las vacantes normales de sus ciclos o las ampliaciones de sus integrantes por las reformas legislativas.
Por vacantes, el Senado tiene que nombrar a un integrante del Consejo de la Judicatura Federal; y la Cámara de Diputados tendrá que nombrar, a más tardar en noviembre, al Consejero Presidente y 4 Consejeros Electorales del Consejo General del IFE. Por la reforma constitucional en materia educativa, el Senado tiene que designar a los 5 integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Evaluación Educativa; y de prosperar algunas de las iniciativas de ley en discusión en el Congreso: habrá que nombrar a los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones; a 2 nuevos integrantes del IFAI y, eventualmente, renovar a algunos de los 5 actuales; y a los integrantes de la Comisión Nacional Anticorrupción.
Así en el próximo período de sesiones o incluso en algún extraordinario, el Congreso estará ocupado haciendo nombramientos. Hasta estos momentos la práctica ha sido recurrir a las cuotas partidistas: las 3 fuerzas políticas con mayor participación en el Congreso se reparten las designaciones, en ocasiones igualitariamente, en otras proporcionalmente a su número de legisladores. Esta fórmula deja satisfechos a los grupos parlamentarios y a los dirigentes de los partidos políticos, pero vulnera la autonomía de los organismos y, por lo tanto, da al traste con la razón de su existencia.
Los ejemplos más claros de las consecuencias de estas prácticas son el IFE y los comisionados del IFAI, que tras una buena primera generación han perdido credibilidad y confianza entre la población, precisamente por esta partidización de sus designaciones.
En el primer caso, el Consejo 1996-2003 pudo organizar satisfactoriamente los comicios de 1997, 2000 y 2003; pero en la renovación en octubre del 2003 empezaron los problemas que estallaron en las elecciones presidenciales de 2006. En el segundo, en el grupo designado en el 2002 había un buen equilibrio, que permitió innovar e impulsar la transparencia en México, entre otras con la creación del sistema electrónico de solicitud de información Infomex (su predecesor el SISI -sistema informático de solicitud de información-), pero luego se partidizó su designación y ahora lo que vemos son los conflictos entre sus integrantes.
Los órganos autónomos son una excelente opción (aunque tampoco hay que pensar que son la panacea y aplicables en todos los casos) para dirigir actividades fundamentalmente técnicas, que deben estar aisladas de los ciclos gubernamentales y donde pueden existir eventualmente conflictos de interés si están en manos de miembros de los partidos políticos o de personas designadas directamente por el titular del Ejecutivo. En el caso del IFE, los partidos no pueden ser juez y parte en la organización de las elecciones; en el del IFAI, el Ejecutivo no puede serlo respecto a las demandas de información; ahora, que se discute el asunto de Telecomunicaciones, el punto central es no vulnerar la libertad de expresión o los derechos de la audiencia, lo cual puede suceder cuando el Ejecutivo se sienta criticado por las televisoras o éstas capturen al organismo regulador, por lo cual es conveniente que sea un órgano autónomo el responsable de otorgar, revocar y ratificar las concesiones.
Sin embargo, esta lógica se derrumba si la designación de los integrantes de los órganos de gobierno se hace por cuotas partidistas, por esa razón la labor de los legisladores no concluye con las reformas constitucionales y legislativas y la definición de las atribuciones de los órganos autónomos, pues la designación de los integrantes de los órganos de gobierno es igual o más importante que lo primero. Y, hasta hoy, en esta segunda responsabilidad han reprobado.
Cuando se habla de ciudadanización y de ciudadanos para integrar a los órganos de gobierno de estos organismos se refiere específicamente a personas que tengan sus lazos y relaciones en ámbitos ajenos a los partidos políticos, los gobiernos o los grupos dominantes en los sectores de referencia (las televisoras o telefónicas en telecomunicaciones, el sindicato en educación, los banqueros en el Banco de México, etc.), tales como la academia, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, la vida profesional independiente, el sector privado, el sindicalismo autónomo (muy raro en México), el sector social, etc.
Y que su historia de vida refleje sus luchas por construir la democracia, mejorar la calidad de vida de los mexicanos e instaurar los valores democráticos en la vida política mexicana; personas vinculadas a círculos que les demandarán cumplir con imparcialidad su tarea y les cuestionarán si se alejan de los valores de la democracia y no cercanas a los personeros de los institutos políticos o los grupos dominantes que les exigirán disciplina y subordinación a sus intereses particulares.
En pocas palabras personas que tengan una historia de lucha que cuidar y aspiren a ser aceptados nuevamente en esos círculos. Ciudadanos que tengan un pasado y aspiren a tener un futuro y, por lo tanto, utilicen su presente (su actuación en los órganos de gobierno de los organismos autónomos) para incrementar su prestigio y reconocimiento entre sus círculos cercanos y la opinión pública y no con sus jefes o empleadores. Si esto no se logra y se continúa pervirtiendo la designación de los integrantes de los órganos de gobierno, los organismos autónomos serán una mera simulación para mantener el statu quo con nuevos operadores.
