Ha causado una cobertura mediática en medios nacionales e internacionales el amparo liso y llano concedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que permitió la liberación de la francesa Florence Cassez acusada de participar en una banda de secuestradores en nuestro país. Con dicho amparo la Corte no se pronunció por la culpabilidad o la inocencia de la señora Cassez lo único que hizo fue afirmar que el proceso de la francesa, estuvo afectado por violaciones a sus derechos humanos y en contra de tratados internacionales, como el de Viena, por la tanto las sentencias previas no fueron objetivas.
En resumen podemos decir que las autoridades que capturaron a Florence hicieron todo mal y en caso de que fuera culpable, con sus acciones permitieron que fuera liberada. Primero la detuvieron de manera arbitraria, después no dieron aviso a su embajada como marcan los tratados internacionales y por último, lo más sorprendente, montaron en televisión su supuesta detención después de que ya estaba detenida.
Este caso es sólo un reflejo del sistema judicial mexicano, el caso de esta Señora no puede ser ajeno a ningún mexicano pues ningún ciudadano está exento de poder sufrir violaciones a los derechos humanos y las garantías individuales. La mayoría de los mexicanos no dudamos de la culpabilidad de Florence, sin embargo, también es una verdad que se violaron sus derechos fundamentales y esto conllevó, a pesar de su culpabilidad, a su liberación. Analizando dicha situación desde otra perspectiva, podemos afirmar que existen en este momento muchos mexicanos que siendo inocentes, son detenidos y son acusados, sin pruebas fehacientes y condenados. Bien dicen que en las cárceles "ni son todos los que están, ni están todos los que son".
La justa procuración de justicia es una deuda que han tenido todas las administraciones estatales y federales de cualquier extracción política con los ciudadanos, tema del que mucho se habla, pero pocas veces se toman decisiones efectivas. Se trata de una incapacidad de los Ministerios Públicos por capturar realmente a los culpables con pruebas contundentes, sin necesidad de montar capturas e inventar pruebas, o lo peor, obligar a los detenidos a declararse culpables. Pero de igual forma es una incapacidad para poder mantener a los culpables en las cárceles como hemos sido testigos esta semana.
Las autoridades, de manera especial las policías, tienen la obligación de conocer y practicar los derechos humanos al realizar detenciones, muchos hemos sido partícipes de detenciones por el aspecto de la persona, su clase social o simplemente porque ellos quisieron. En ocasión escuché a una persona comentar que las Policías son portavoces de las autoridades municipales, estatales o federales, es decir, que según el desempeño de las Policías las personas reconocen el camino de las administraciones, por lo tanto una mala Policía es reflejo de un mal gobierno.
Cambiando de tema, si usted se quejaba de la tenencia vehicular, en Sonora están cobrando 100 pesos por tenencia de burros, a veces parece que en muchos aspectos de la vida pública tenemos retrocesos; en fin sólo esperemos que no quieran cobrar por la tenencia de mascotas y por el número de ventanas que tengamos en nuestros hogares. ¡Hasta la próxima!
