La migración es una crisis humanitaria. Las historias y los dramas detrás de ella son críticos por la escala en la que suceden y por la tragedia que implican. Las y los migrantes son víctimas de todas las violencias imaginables. Pero la barbarie se normaliza, no sólo cuando perdemos la capacidad de indignación o de sobresalto frente a lo que sucede, también cuando el discurso jurídico invisibiliza el dolor e ignora el sufrimiento, peor aún cuando lo produce. El tamaño de la crisis se deja ver cuando el derecho y las instituciones arrebatan el futuro a las personas y llaman criminal a quien ya bastante ofensivo es decirle irregular.
Una de las injusticias institucionalizadas más críticas sucede en Arizona, Estados Unidos, en donde se están implementando juicios exprés, realizados de forma masiva en audiencias públicas en los tribunales federales, con el nombre Streamline Operation (en inglés, streamline significa racionalizar, agilizar o simplificar).
En el contexto de una visita a la frontera entre México y EU, un grupo de organizaciones de derechos humanos de cuatro países distintos nos reunimos entre el 3 y el 8 de marzo con activistas, académicos, autoridades y personas migrantes. Uno de los puntos de inflexión de nuestra visita fue, precisamente, presenciar la ejecución de una audicencia de Streamline. La astringencia de la sala, lo lujoso del recinto, la pulcritud del lenguaje, el orden con el que todo sucede y el despliegue logístico del proceso pueden maquillar, pero no alcanzan a esconder la violencia de lo que ahí sucede.
El escenario en la corte es prístino, pero también devastador. Hombres y mujeres migrantes, que habían sido advertidos de no regresar a Estados Unidos, están encadenados de pies, cintura y manos, en una escena más próxima a los tiempos de la esclavitud que a la forma en la que una democracia trata a las personas. Tan sólo esa imagen da cuenta de que algo está mal, pero lo más triste es que no es lo peor.
La audiencia inicia cuando el juez, después de una didáctica explicación, solicita a los migrantes la renuncia masiva de sus derechos constitucionales, por el solo hecho de no tener los documentos en regla. El proceso se distingue, más allá de las impecables formalidades de interacción entre instituciones (marshall, defensoría, fiscal, juez), por la aniquilación de todas las características personales de cada uno de los allí presentes. Lo que se juzga es una categoría, no la conducta particular de alguien. Para el juez no hay historias y especificidades propias, no hay atenuantes, ponderación de hechos, razonabilidad de la sanción, pertinencia del castigo, contexto familiar, razones humanitarias. En sólo 50 minutos se condena a 70 personas a penas de prisión corporal, sin derecho alguno de esparcimiento, educación o a hacer ejercicio. La secuencia es brutal: de las cadenas a la jaula y después -en muchos casos- a un auténtico destierro. La barbarie con la ley en la mano.
De propia voz de dos jueces escuchamos que se trata de la forma más "productiva y eficiente" de procesar este problema y cerrar la frontera. Que es el mal menor, porque estas personas podrían obtener sentencias más altas y penas más duras. Que no hay alternativa, que todo lo que sucede es apegado al debido proceso legal y que, en todo caso, fue determinado por los legisladores. Para ellos se trata del mal menor y de algo de lo que no tienen ninguna responsabilidad. No es exageración llamar a esto tragedia. El marco legal redujo al juez a alguien que simplemente conduce una audiencia y debe disminuir los costos de un trámite.
Pero detrás de esto hay una historia del poder económico, no sólo en las causa de la migración, también en los intereses que se benefician con la mercantilizacion de la libertad del individuo. Una poderosa industria privada lucra con todo el fenómeno migratorio, en especial con la prisión de las personas. Buscar, detener, encadenar y cobrar por encerrar personas es legal. Arriesgar la vida para huir de sus contextos, por aspirar a una vida mejor o para reunirse con su familia, es un acto criminal. De ese tamaño es nuestra crisis.
Chillier, Olson, Nader y Pulido (Directores de CELS (Argentina), WOLA (EU), Conectas (Brasil) y Fundar (México), respectivamente)
