El gobierno de Javier Duarte de Ochoa decidió eliminar la Policía Intermunicipal y una municipal del sur de Veracruz y asumió el control policial -con apoyo de la Secretaría de Marina- en cinco regiones, las más conflictivas por la delincuencia organizada.
La administración estatal tomó el control total de la seguridad en los municipios petroleros de Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque y Nanchital, así como en la zona ganadera de Acayucan.
En la Gaceta Oficial del estado se informó de la desaparición de la Policía Intermunicipal de Coatzacoalcos -Minatitlán- Cosoleacaque-Nanchital; así como de la Policía Preventiva municipal de Acayucan.
La Secretaría de Seguridad Pública, con el apoyo del Gobierno de la República, por conducto de la Secretaría de Marina, asumió la organización, funcionamiento, mando y operación del servicio de seguridad pública y policía preventiva de dichos municipios.
Los recursos humanos, materiales y financieros, destinados a la Policía Intermunicipal y a la Policía del Municipio de Acayucan, se transfieren a la Secretaría de Seguridad Pública; en consecuencia, la totalidad de los recursos, así como las aportaciones relativas a subsidios, programas, donaciones y, en general, todos los ingresos y recursos que se destinan a la prestación del servicio público estarán bajo la administración directa de la Secretaría de Seguridad Pública.
El decreto establece que el secretario de Finanzas y Planeación, a través de la Oficina de Hacienda local que corresponda a los municipios, realizará el deslinde y finiquito que por derecho les corresponde a los elementos de las corporaciones que integran la estructura.
El Ejecutivo estatal explicó que se tomó esa decisión de conformidad con las políticas públicas instituidas por el Gobierno de la República y por el Gobierno del Estado en los foros públicos donde coinciden los diversos gobiernos de las entidades federativas para fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad pública en todo el país y garantizar la óptima coordinación de acciones gubernamentales para integrar una sola fuerza de combate a la delincuencia.
Además, es un acuerdo de los mandatarios estatales agrupados en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), impulsar el establecimiento del Mando Único Policial en las entidades federativas.
