Problema. Agricultores de Poanas y Vicente Guerrero dicen que con todo y que desde 2007 a la fecha el campo ha tenido más años malos que buenos, hicieron el esfuerzo de pagar.
Un grupo de campesinos de los municipios del Valle de Poanas que en el año 2007 confiaron en los beneficios del Promaf -Programa federal de apoyo al cultivo de maíz y frijol-, hoy enfrentan embargos y deudas imposibles de cubrir, luego de que los pagos que hicieron por los créditos obtenidos "no aparecen en el sistema" y se les cobran cantidades que duplican o triplican lo que se les prestó.
Los denunciantes detallan que Firco (organismo de Secretaría de Agricultura -Sagarpa- que opera el programa) les prometió hace cinco años que una vez que cubrieran lo que se les prestó, se les bonificaría el recurso para que lo reinvirtieran en sus procesos de producción.
Enfatizan que nada de eso de cumplió e incluso un seguro agrícola que les obligaron a contratar en el primer año no pudieron hacerlo efectivo cuando se les siniestraron sus cultivos el mismo año en el que obtuvieron el crédito.
"Nos pusieron muchas trabas para cobrar el seguro y tiempo después la compañía aseguradora Los Llanos desapareció", revelaron.
INTERMEDIARIOS
Agricultores de Poanas y Vicente Guerrero añaden que, con todo y que desde 2007 a la fecha el campo ha tenido más años malos que buenos, hicieron el esfuerzo de pagar, pero lo que ahora pretende la oficina regional de Promaf con sede en el segundo municipio en mención es para ellos "un robo en despoblado".
Con pagarés foliados y sellados de pagado de la caja de ahorro "Insumos Agropecuarios Progreso" que prestó sus instalaciones para bajar el recurso y recibir los pagos, los campesinos se quejan de los abusos que sostienen, comete Marcela Ruiz, encargada de la oficina del Promaf en Vicente Guerrero.
"De todo lo que está quitando para cobrar las cantidades que ella misma define, ya tiene un corralón lleno de tractores, rastras, arados, cultivadoras, sembradoras, trilladoras y hasta camionetas", añadieron.
Los quejosos precisan que personas enviadas por Marcela Ruiz "que de ninguna manera son o se identifican como actuarios" hacen sólo el señalamiento de los bienes y los incautan.
"Vienen y me dicen una semana: 'con 80 mil pesos que nos pague queda a mano su deuda', pero como yo no acepto regresan y me dicen: 'bueno, denos 38 mil pesos'. Pero su última oferta para arreglar mi asunto fue de un pago de cinco mil pesos.
"Pero por los tres créditos que le dieron a mi familia de 2007 a 2011 ya les pagué cerca de 300 mil pesos y considero que les di mucho más de lo que nos prestaron", explica uno de los quejosos.
MÁS CASOS
Anticipan que no cesarán en sus señalamientos hasta en tanto no se reconozca que los apoyos fueron liquidados y que se acepte que ellos son los afectados por el incumplimiento en lo que el Gobierno Federal prometió en el programa.
"Abundan en toda la región casos como el nuestro, pero la gente no quiere hablar con todo y que nos están quitando nuestro patrimonio sin justificación", señalaron.
