Diez años después de su aparición masiva en el mercado, el gobierno está intentando meter en cintura a las casas de empeño o montepíos con un juego de pinzas en que participan las Secretarías de Hacienda y de Economía, esta última vía la Procuraduría Federal del Consumidor.
La primera regulará las tasas de interés que se cobran a los pignorantes, que en algunos casos alcanzan hasta 240% al año, es decir 20% mensual, en un juego en el que se negaría a participar el más cruel agiotista.
En afán de estimular la competencia, la primera medida fue reducir la tasa de interés del Nacional Monte de Piedad, algo así como la instancia rectora con sello oficial, a 36%, es decir, 3% mensual, desde el 48% que cobraba hasta el año pasado.
Las empresas estarán obligadas a informar a la clientela al detalle el tamaño del pantano al que podrían caer, es decir, cuál será el costo diario, semanal o mensual para recuperar una prenda.
La información deberá detallar, en paralelo, los gastos inherentes al contrato de adhesión que firman los pignorantes, para evitar sorpresas.
Publicada el miércoles pasado una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, las firmas en supuesta ruta de la iniciativa de Pedro Romero de Terreros, el primer Conde de Regla, para apoyar a las familias pobres en apuros, deberán inscribirse a un Registro de Casas de Empeño, registrando sus contratos con la clientela para su valoración correspondiente.
La omisión provocaría la imposición de multas que oscilarían entre 617.41 hasta 2.4 millones de pesos.
Los requisitos para el registro van desde el contar con un Consejo de Administración hasta su inscripción paralela en el Registro Nacional de Contribuyentes, además de firmar un Contrato de Adhesión con la Profeco.
No podrán registrarse como socios quienes hayan sido condenados por delitos patrimoniales, financieros o de delincuencia organizada.
A partir de ayer, inspectores de la Procuraduría Federal del Consumidor realizan visitas sorpresa a las instalaciones.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios, operan en el país 6 mil 500 Montepíos, de los cuales sólo 2 mil están afiliados a ésta o cuentan con un contrato de adhesión con la Profeco.
Siete de cada 10 establecimientos, pues, operan al margen de la ley, en un escenario en que la actividad se presta para el lavado de dinero para no hablar de agio y abusos sin fin contra los usuarios.
Bajo las nuevas reglas, las casas de empeño deberán establecer procedimientos que le garanticen al pignorante la restitución de la prenda. Si ésta fuera robada, extraviada o dañada, el cliente podría optar por la entrega del valor del bien de cara al avalúo realizado o la entrega de otro del mismo tipo, valor y calidad.
Los valuadores deberán demostrar su capacidad vía un examen general.
En caso de prendas de metales preciosos, el valor de reparación será idéntico al que tengan éstos en el mercado.
Inaugurado el auge de las casas de empeño a la mitad del gobierno de Vicente Fox, en un escenario en que hasta la fecha sólo participaban en el mercado tres casas privadas, entre ellas Montepío "Luz Saviñón", la posibilidad de reglamentación se estrelló ante la telaraña de intereses creados.
La semillita empezó a crecer al final del sexenio salinista, cuando los socios de uniones de crédito, al estallido de éstas que colocó al borde de la quiebra a Nacional Financiera, decidieron cambiar de giro.
La velocidad de su crecimiento contrasta con la lentitud del gobierno para intentar la regulación.
La posibilidad de una alianza entre Petróleos Mexicanos y la firma privada Mexichem se realizaría vía una empresa mixta denominada Petroquímica Mexicana de Vinilo, enfocada 100% a la producción de cloruro de vinilo. La meta habla de llegar a 405 toneladas anuales.
La posibilidad, sin embargo, había surgido desde 2003, cuando la paraestatal amplió sus instalaciones del Complejo Petroquímico conocido como "Pajaritos", con una inversión de 250 millones de dólares. El diseño de la infraestructura la realizó la empresa Oxi.
Sin embargo, algo falló en el engranaje que impidió cuajar el proyecto que hoy se revive con la participación de dos plantas que adquirió Mexichem en Veracruz.
APUESTA DE AEROMÉXICO
Suspendida en Estados Unidos, Japón y Chile, entre otros países, la operación de los aviones Boeing 787 Dreamliner ante algunos eventos que han tenido en las últimas semanas que permiten sospechar de fallas de origen, hete aquí que Aeroméxico, quien acaba de realizar un pedido de 19 aviones de la misma marca y serie, dice que no cancelará éste.
De hecho, la empresa aérea líder del país señala que ratifica su confianza en la marca.
El escándalo se había vuelto gigante en el país al resultar que el nuevo avión presidencial que se adquirió a finales del sexenio trágico de Felipe Calderón, es justo un Boeing 787 Dreamliner.
La entrega de las naves a Aeroméxico está prevista para el verano próximo.
En la fase previa a la compra, la aerolínea había calificado a los aviones de "modernos, seguros y eficientes".
PATRÓN SUSTITUTO
En los próximos días, la Suprema Corte de Justicia atenderá un recurso de revisión colocado en la mesa por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) contra un amparo otorgado por un tribunal colegiado al Sindicato Mexicano de Electricistas contra la anulación del contrato colectivo que tenía con la extinta Luz y Fuerza del Centro.
La interpretación del sindicato, encabezado por Martín Esparza, apuntaba a que se declarara a la Comisión Federal de Electricidad como patrón sustituto.
La vela en el entierro del SAE es que es el encargado de la liquidación de la paraestatal, cuyas funciones asumió la CFE.
SE LEVANTA AHMSA
Durante el año pasado Altos Hornos de México logró incrementar 1.9% su producción, lo que significó una marca histórica.
El volumen alcanzó 3 millones 820 mil 55 toneladas de acero líquido, que representó la posibilidad de 3 millones 280 mil 693 toneladas de productos planos y no planos.
La empresa, pese a la caída de los precios internacionales, mantuvo intacta su plantilla de personal.
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