Aunque la suspicacia hablaba de un contrato a modo para alguno de los postores, la razón de fondo para la suspensión, en la agonía del sexenio trágico, de la licitación para construir el gasoducto "Los Ramones" hay que ubicarla en la pérdida de brújula en materia de reglas de contenido nacional
Como usted sabe, la exigencia para contratos de gobierno aquí y en China, incluida una reserva colocada en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, habla de un mínimo de 35% de materiales producidos localmente. Las bases de licitación para el colosal gasoducto, la madre de todos los existentes en el país, con una extensión de mil kilómetros de largo y un costo de 2 mil 500 millones de dólares, soslayaba el punto en materia de utilización de tubos de acero, lo que dejaba al margen a las empresas nacionales.
La impugnación ante el Subcomité interorganismos de Normalización de Pemex la colocó la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero.
El organismo había iniciado el año pasado una cruzada para exigir el respeto a la regla en las licitaciones de Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional del Agua, lográndose la fijación de una norma mexicana que garantiza la adquisición de insumos producidos en el país.
La presión apunta al respeto de ésta en el otorgamiento del contrato para construir el Acueducto Monterrey, obra que implicaría una inversión conjunta del gobierno federal y el de Nuevo León, de 13 mil millones de pesos.
La cruzada se realiza en combinación con el Sistema de Administración Tributaria, para detectar el número de insumos que llegan al país, principalmente tubos de acero sin costura.
La exigencia de un mínimo contenido nacional la empezó a soslayar Petróleos Mexicanos desde el sexenio zedillista. El caso extremo llegó con el contrato para la modernización y reconfiguración de la refinería de Cadereyta, Nuevo León.
Otorgada ésta a un consorcio de mayoría coreana de razón social Comproca, en el que cabían las firmas Sunkyong Engineering y Siemens, la paraestatal permitió la importación de decenas de toneladas de tubos de acero… usados.
De hecho, ante la corrosión evidente, se tuvieron que cambiar cientos de tramos.
La posibilidad de utilizar productos de "medio cachete", alcanzó también a válvulas.
A partir de ahí, cuando se metía a los contratos la exigencia de un mínimo de contenido nacional, se colocaba un porcentaje de 20%.
Así en la propia reconfiguración y modernización de la refinería de Minatitlán, Veracruz, cuyas tareas se prolongaron, ¡válgame Dios!, cinco años más de lo programado, por más que el costo fue de 3 mil millones de dólares, más del doble de los mil 300 pactados en el papel para la de Cadereyta.
Aun así la maquinaria está haciendo agua.
Bajo el marco del TLCAN, Estados Unidos y Canadá pugnaron porque el porcentaje de contenido nacional fuera de 40%, sólo que bajo el marco de "contenido regional", es decir utilizando insumos producidos en los tres países como válidos.
La cláusula de contenido nacional en los contratos oficiales representa no sólo una opción de equidad, sino un seguro para las firmas establecidas en el país, en un escenario en que 70% de los contratos de infraestructura los ganan empresas extranjeras… por más que se les da una participación mínima en el consorcio a las nacionales.
La Canacero jura no rajarse.
En lo que constituye un golpe formidable al orgullo de Televisa, un juez federal acaba de emitir una sentencia contra la filial del consorcio en Televisión Directa al Hogar, Sky, que anula 12 de las cláusulas del contrato de adhesión que firman sus clientes, al considerarlas abusivas e inequitativas.
El reclamo lo había colocado en la mesa la Procuraduría Federal del Consumidor, en un escenario que originalmente afectaba sólo a Dish, más tarde a Cablevisión y finalmente a la empresa castigada, la principal proveedora de televisión satelital en el país.La instancia había recibido 2 mil 750 quejas contra la firma entre el 2009 y el 2011.
Entre las cláusulas que perdieron su valor, por más que Televisa buscará un amparo de un tribunal colegiado, están las que obligan a los suscriptores a mantener su fidelidad por un año como mínimo, amenazándole con una penalidad no cuantificada a los infractores.
De hecho, la firma se cobra con un pagaré que se obliga a firmar a los suscriptores.
Otra de las cláusulas impugnadas permite el uso de los datos de los clientes con "fines mercadológicos", lo que atenta contra la exigencia de privacidad.
En su defensa, Sky había señalado que había resuelto el 87% de las quejas por la vía de conciliación.
¿REGRESA MEXICHEM?
En la reunión extraordinaria de ayer del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, se planteó una fórmula para revivir la frustrada coinversión que se realizaría entre la paraestatal y la empresa Mexichem para reforzar la producción de cloruro de vinilo en el complejo petroquímico de Pajaritos, Veracruz.
Como usted sabe, la firma propiedad de Antonio Del Valle había roto, en el papel, la posibilidad de alianza al no garantizarle Pemex un precio mínimo para las materias primas.
Mexichem había adquirido dos plantas que reforzaron la posibilidad de ampliar la producción del producto de 250 mil a 465 mil toneladas al año.
FRENTE CONTRA STEEL WORKERS
A convocatoria del dirigente minero, Carlos Pavón, disidente del sindicato que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, se está creando un frente nacional para oponerse a los intentos de la Federación de trabajadores mineros de Estados Unidos y Canadá de entrometerse en México.
Según el convocante, el propio Gómez Urrutia le ha abierto la puerta a los organismos sindicales extranjeros, conocidos como Steel Workers, que en su momento quisieron apoderarse del sindicato de la planta de Volkswagen en Puebla.
SEMPRA A BOLSA
Quien prepara una colocación "jumbo" de Certificados Bursátiles para amortizarse en cinco años, es la empresa Sempra México, cuya operación se separa en dos ramas: gas natural y electricidad.
La emisión podría llegar a 12 mil 800 millones de pesos.
Los agentes colocadores serán el Grupo Financiero Santander, el Deutsche Securities y Credit Suisse.
Sempra logró facturar el año pasado 822 millones de dólares, registrando utilidades por 175 millones.
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