Ha sido muy alarmante la situación de violencia que viven varios estados de nuestro país, pero ha sido aún más preocupante la desesperación que viven muchas comunidades frente el acecho del crimen organizado. Algunas comunidades, de manera especial en Guerrero y Michoacán, ante tal situación han optado por formar sus propias policías comunales, compuestas por habitantes, ante la incapacidad de las policías "oficiales" por hacer frente a la delincuencia.
Estas policías comunales han encarcelado a delincuentes, haciendo justicia por su propia mano. En diferentes medios de comunicación nacional han circulado entrevistas a habitantes de dichas comunidades y mencionan que estas acciones son producto de su situación de olvido por parte de las autoridades y en ocasiones de cooperación por parte de las policías de esos lugares con los criminales. Otro aspecto que llama la atención es que las personas entrevistadas afirman que desde la implementación de este "sistema de vigilancia" han disminuido los actos delictivos y respiran más tranquilidad en sus poblaciones.
Desde el punto de vista jurídico hacerse justicia por su propia mano y ejercer violencia para reclamar los derechos constituye un delito, esto lo consagra nuestra Carta Magna en el artículo 17. Sin embargo, ese mismo artículo consagra también, el derecho a que se administre justicia expedita a cualquier persona. Nos encontramos ante un gran problema pues por una parte la justicia expedita por parte de los Tribunales no existe realmente y por otro lado, ante dicha situación se ejerce justicia por mano propia.
Es cierto que dichas acciones de esas poblaciones son anticonstitucionales, sin embargo, también es cierto que no es de gratis que esas personas tomen esas decisiones. Es un grave problema que si no se pone especial atención se podría desbordar y causar más problemáticas, pero la solución no consiste sólo en prohibir dichas acciones, sino en que las autoridades realmente hagan su trabajo y brinden la seguridad necesaria para que las personas lleven una vida digna.
Nadie puede negar que existe una gran inseguridad en muchas regiones del país y estas acciones por parte de esas comunidades, sólo son expresiones del miedo, de la impotencia y de la desesperación de los pobladores por defender su propiedad, sus poblados, su familia, su vida misma.
Surgen muchas preguntas ante esta situación: ¿son legales dichas acciones?, ¿acaso los ciudadanos tenemos que tomar esas acciones para defender lo nuestro?, ¿se puede pasar las leyes por encima ante situaciones como las que se viven?, sin embargo la pregunta más obvia y significativa es ¿en dónde están las autoridades?
