Numerosos gobernadores y alcaldes padecen pánico por la negativa de la Secretaría de Hacienda para liberarlos de deudas contraídas por ellos o sus antecesores. Los incontables abusos, permitidos en regímenes de Vicente Fox y Felipe Calderón, dieron lugar al desastre financiero de entidades locales.
Ambos presidentes fueron minoritarios en cuanto a gobernadores y munícipes, por lo cual procuraron congraciarse con priistas y perredistas, abriéndoles las arcas de recursos federales o autorizándoles préstamos bancarios ilegales.
El escándalo del coahuilense Humberto Moreira no es casual. Los préstamos obtenidos antes y después de su mandato fueron sabidos por el titular de Hacienda de entonces, Ernesto Cordero. Lo afirma el propio Moreira y siete funcionarios de Hacienda; entre los detenidos, Jorge López Alarcón y Jaime René Jiménez Flores -declarados formalmente presos en febrero de 2012- comprobaron tan oscuros manejos.
Moreira dejó un endeudamiento por más de 34 mil millones de pesos en Coahuila y se ha comprobado que 3 mil millones fueron de préstamos bancarios avalados por Hacienda. Ahora los contribuyentes de aquel estado norteño están condenados a pagar ese dineral.
EN CHIAPAS NO tardaron mucho en estallar las cloacas del exgobernador Juan Sabines, postulado por partidos adversarios al PRI y cuya relación con Felipe Calderón fue ostensible, de franca camaradería. Trascendió que tuvieron numerosos encuentros para compartir mucho más que el pan y la sal.
Creyéndose francamente apoyado por Calderón, el falaz mandatario hizo y deshizo en Chiapas, al punto de dejar una deuda de 40 mil millones de pesos y encarcelar a su antecesor, Pablo Salazar Mendiguchía, puesto ya en libertad.
De entrada se comprueba que Sabines dejó pendientes 120 obras, muchas de las cuales liquidó sin ser realizadas, y la Secretaría de la Función Pública del estado descubrió faltantes por más de mil millones de pesos en los gastos de fondos federales durante los ejercicios de 2008 a 2011.
Son los primeros ilícitos de muchos más que serán descubiertos a Sabines y de los cuales echará mano el nuevo gobernador, Manuel Velasco Coello, para proceder contra el malandrín exmandatario y una decena de alcaldes corruptos.
Aquí se tiene la evidencia de entregas de cuantiosas cantidades por gobiernos panistas a los estados, sin vigilar la aplicación de los mismos y menos constatar si fueron o no realizadas las obras tan cacareadas a través de la publicidad costosa, otro filón del maridaje entre el gobierno del centro y gobernadores.
En el ámbito municipal destaca lo sucedido en Naucalpan, donde la alcaldesa Azucena Olivares recibió acusaciones, de semana en semana, debido al otorgamiento de licencias para giros negros a discreción, cobros por metro cuadrado a vendedores ambulantes y la creación de un "fondo de retiro", para el cual entregaron regidores, secretarios y directores alrededor de 20 millones de pesos para ser depositados en la aseguradora Metlife, lo cual no hizo ella.
Sin plan definido de contención del gasto y menos de captación de recursos, Naucalpan está en quiebra absoluta y requiere de financiamiento externo para equilibrar su deuda pública, advierte la calificadora Standard & Poor's.
El nuevo alcalde naucalpense, David Sánchez Guevara, afirma que ni él ni sus secretarios cobrarán sueldo esta quincena por falta de dinero. Pero doña Azucena ya se fue, tan campante, con su corrupto marido Guillermo González, en calidad de intocable.
Son algunos ejemplos de cuanto sucedió en estados y municipios en dos sexenios panistas sobre actos de corrupción y endeudamientos, sin posibilidad de rescatarlos por falta de recursos, como ha dicho el hoy titular de Hacienda, Luis Videgaray.
Casualmente, el exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero, declara que no es viable el rescate de los estados. Pero él y sus empleados se dieron gusto en la autorización de préstamos bancarios y ahora se lavan las manos.
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