Manifestación. Miembros de la CNTE se manifiestan ante la SEIDO.
La Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo 13 órdenes de aprehensión contra la banda de presuntos secuestradores entre los que están tres maestros de la Sección 22 de la Coordinadora de Trabajadores de a Educación (CNTE), por lo que 11 varones ingresaron al penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, y dos mujeres fueron remitidas al centro penitenciario federal de El Rincón, en Nayarit.
A partir de la investigación en torno al plagio de dos menores de edad, hijos del empresario Juan José Álvarez Candiani, un juez federal consideró que existen suficientes evidencias en contra de los indiciados por los delitos de privación ilegal de la libertad -en su modalidad de secuestro-, delincuencia organizada, así como portación de armas de fuego y posesión de cartuchos reservados al uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas.
Autoridades ministeriales destacaron que en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/270/2013 se recabaron evidencias a lo largo de cuatro meses de investigación, a partir de que en enero pasado las víctimas fueron privadas de su libertad.
Como parte de las labores de inteligencia se dio seguimiento a las actividades de los presuntos integrantes de la banda y se elaboraron redes de vínculos para detectar su relación, hasta lograr ubicar el lugar donde mantenían cautivos a los menores Candiani, quienes fueron rescatados.
Las pesquisas permitieron detener a cuatro de los presuntos responsables en flagrancia, mientras que los nueve sospechosos restantes fueron detenidos en operativos en Oaxaca y el Distrito Federal, en cumplimiento de órdenes de localización y presentación.
A partir de estas aprehensiones se continuó con las diligencia para establecer el nivel de participación de los presuntos responsables, entre las que se realizó una identificación por parte de las víctimas para establecer si reconocían a los plagiarios, que resultó positiva.
Entre los consignados a penales federales están los profesores Leonel Manzano Sosa, Mario Olivera y Lauro Grijalva, integrantes de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca; así como los adherentes a esa organización, la excandidata perredista Sara Altamirano y el activista Damián Gallardo Martínez.
El resto de los detenidos fueron identificados como Luis Gutiérrez, David Vargas, Alejandra Chávez, Alejandro Sandoval, Faustino Diego, Alberto Sandoval, José Ambrosio Martínez y Enrique Guerrero, a quienes en los próximos días se les definirá su situación legal, si se les somete a juicio penal.
Ante algunas versiones de que la acusación puede tener tintes políticos y estar dirigida para afectar a la CNTE, la PGR emitió anoche un comunicado en el que dejó en claro que "la acusación formulada ante el Juez Penal se refiere a actos llevados a cabo por cada uno de los individuos señalados como probables responsables".
Expuso que "es preciso enfatizar que hasta este momento no se cuenta con algún elemento que indique que la conducta de estas personas haya sido instigada o dirigida por alguna organización de cualquier índole, -incluso a las que los probables responsables se encuentran afiliados- por lo que las especulaciones al respecto carecen de fundamento".
Deslindan
La Procuraduría General de la República sostuvo que en la acusación contra estos 13 presuntos secuestradores, no existen indicios que fuera instigada o dirigida por esa organización u otra.
Expuso que la consignación de las personas detenidas ante un Juez de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, por el secuestro de dos hijos de un empresario, "está basada en una investigación científico-criminal que arrojó elementos contundentes y fehacientes que incriminan a los detenidos".
