Los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013 (Envipe 2013) dados a conocer por el Inegi hace un par de semanas son aterradores: en una tercera parte (32.4% para ser precisos) de los hogares mexicanos hay al menos una víctima de algún delito; se denuncia poco más de la décima parte (12.2%) de esos delitos; únicamente se inicia averiguación previa en el 8% de los delitos cometidos; y únicamente se castiga el 1.6%, es decir, el 98.4% de los delitos quedan impunes.
Además se evidencia que la llamada cifra negra, es decir, el porcentaje de los delitos en los que ni siquiera se inicia una averiguación previa (porque no fueron denunciados por las víctimas o sus familiares o porque la autoridad simplemente la desechó) es del 92.1%. Así para ponerlo en palabras muy llanas únicamente el 7.9% de los casos el delincuente corre algún riesgo de que lo persigan y de éstos únicamente una quinta parte termina en algún tipo de sanción o perdón por parte de la víctima.
Con ese nivel de impunidad no es nada raro que el año pasado se hayan cometido casi 28 millones de delitos, de los cuales 26 mil fueron homicidios; más de 105 mil secuestros; y más de 4 mil desapariciones involuntarias.
La encuesta se aplicó en 95,810 hogares a personas de 18 años o más, entre el 4 de marzo y el 26 de abril de 2013 y se les interrogó sobre los delitos que sufrieron entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012.
Entre otros detalles interesantes que refleja la encuesta es que el número de delitos aumentó con respecto a 2010 y 2011, es decir, al menos durante el 2012 (contrario a las cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad) la incidencia delictiva se incrementó en más del 12% con respecto al 2011 y en casi el 14% con respecto al 2010. El delito más extendido es el robo o asalto en la calle, que representa casi el 29% del total de delitos; seguido por la extorsión, que representa más del 21% del total, es decir, entre los dos suman la mitad de los delitos cometidos en el país.
En cuanto a la incidencia delictiva por entidad federativa, la de mayor incidencia es el Estado de México, donde la tasa de delitos por cada 100,000 habitantes fue de 56,752, así aunque no se puede decir que 57 de cada 100 habitantes sufrió un delito, pues algunos sufrieron varios delitos a eso equivale. Le sigue el Distrito Federal, con una tasa de 49,198; Jalisco, 49,083; Quintana Roo, 40,279; Baja California, 39,297; Chihuahua, 35,952; y Nuevo León, 37,076.
Los datos son muy reveladores y aterradores, pues los índices delictivos son altos y difícilmente podrán bajarse mientras no se logre incrementar la tasa de denuncias y disminuir el nivel de impunidad. La verdad es que los delincuentes apuestan a que nunca serán castigados, pues saben que únicamente el 12% de los delitos será denunciados; de éstos únicamente las dos terceras partes serán perseguidos; y de éstos únicamente la décima parte será sancionado. El nivel de riesgo es mínimo, por no decir, casi nulo.
También muestran que las estadísticas oficiales no tienen nada que ver con la incidencia delictiva real, pues salvo en el caso de los homicidios en el que las cifras a las que se llega por medio de la encuesta y las estadísticas oficiales son muy similares: 25,583 calculados y 26,037 reportados oficialmente (que también sirve para corroborar la precisión del ejercicio) en todo el resto de los casos las cifras son muy distantes, como lo ilustra el caso de los secuestros donde los números oficiales hablaban de 1,317 y la encuesta permite calcular 105,582.
Incluso en el caso de los robos de automóviles, donde según las autoridades la cifra negra es únicamente del 15% (dado que es el delito más reportado porque los afectados buscan recuperar su pérdida vía el seguro) las cifras de la encuesta llegan a 622 mil contra 233 mil reportados, porque según reveló Eduardo Guerrero en un artículo en Reforma, las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad únicamente incluyen en sus registros vehículos particulares, lo que no incluye vehículos de carga o de transporte público ni los llamados vehículos "chocolate", que se encuentran en México ilegalmente, así incluso en ese caso los números reales son 2.66 veces más altos que los oficiales.
Lo anterior refleja que la información de la Envipe es más precisa que la estadística oficial y que ésta es la fuente que debe tomarse como base para evaluar la política de combate a la inseguridad y no las estadísticas oficiales, que están muy alejadas de lo que realmente sucede.
Pero la encuesta también permite identificar que el combate a la inseguridad será infructuoso, mientras la ciudadanía no confíe en las autoridades, pues es imposible combatirla cuando la autoridad desconoce casi 9 de cada de 10 delitos (87.8%) porque los ciudadanos ni siquiera presentan la denuncia. Pero las autoridades no pueden responsabilizar de esta falta de cultura cívica a los ciudadanos, pues de acuerdo a la encuesta en casi las dos terceras partes (61.9%) de los casos éstos no la presentan por causas ligadas a la autoridad.
El panorama es verdaderamente aterrador: un índice delictivo y una impunidad crecientes y, en gran parte, porque la ciudadanía no denuncia los delitos por una bien justificada desconfianza en la autoridad. Cualquier política de combate a la inseguridad debe salvar primero este complicadísimo obstáculo.
