La Secretaría de Gobernación publicó el decreto sobre las modificaciones a la Ley General de Víctimas, así como al Código Federal de Procedimientos Penales.
De la Ley General de Víctimas se modifican los artículos del uno al 180 y se derogan del 181 al 189. La nueva legislación incluye la definición de víctimas potenciales y se establece la protección a los defensores de víctimas, en caso de que sus derechos a la vida y a la libertad se vean amenazados.
La nueva normatividad considera la creación del Registro Nacional de Víctimas, así como un marco para la reparación integral del daño, con pago de indemnizaciones. Para el ejercicio fiscal de 2014 se asignará un presupuesto para poner en práctica esta ley.
El 16 de abril pasado la Cámara de Diputados aprobó, con 448 votos a favor, las modificaciones a la Ley General de Víctimas, ello luego de la presión que ejercieron distintas organizaciones sociales que consideraron a la anterior legislación inaplicable en la práctica.
Las modificaciones a la Ley General de Víctimas y al Código Federal de Procedimientos Penales entran en vigor hoy sábado a partir del cual el Congreso de la Unión, las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tendrán un año para hacer los cambios necesarios a las leyes correspondientes, lo mismo que las autoridades de distintos órdenes de gobierno involucradas.
La nueva Ley General de Víctimas tiene como objetivo, según señala el marco jurídico, reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ésta, en la Constitución, en los tratados internacionales y demás instrumentos de derechos humanos.
Se establece el derecho de acceso a la justicia y los derechos de las víctimas en el proceso penal; también se define el derecho a la verdad, a la reparación integral y medidas de ayuda inmediata, tanto en materia de protección como de asistencia jurídica.