Estado de bienestar
Los países de Europa están reduciendo gradualmente los beneficios sociales que otorgan a sus ciudadanos. Están bajando también los impuestos que cobran a los contribuyentes. Muchos de los gobernantes europeos se dan cuenta de que sus países no pueden seguir compitiendo con las naciones de Asia y de otros lugares si continúan cobrando impuestos demasiado altos y gastando el dinero en programas sociales que muchas veces desincentivan la inversión productiva y el trabajo.
México va en sentido contrario. Si bien en su campaña electoral y en el Pacto por México, el presidente Enrique Peña Nieto ofreció “una reforma hacendaria eficiente y equitativa que sea palanca de desarrollo”, al final propuso nada más una miscelánea fiscal, un aumento de impuestos al cuarenta por ciento de la población cautiva ya del sistema tributario, con el propósito de crear un seguro de desempleo y una pensión universal.
México está tomando el camino que los países de Europa emprendieron hace más de medio siglo para crear un estado de bienestar con altos impuestos y generosos programas sociales. La idea de construir estados más solidarios es en principio atractiva, pero el problema es que generan incentivos para que la gente deje de trabajar, para que viva de las dádivas del gobierno, y además reduce la productividad general.
Si todos los países del mundo tuvieran el sistema de bienestar de las naciones europeas, quizá no habría problema. Pero los países pobres quieren alcanzar mejores niveles de vida y saben que deben aumentar su productividad antes que subsidiar a la gente que no puede o no quiere trabajar. Países como Corea del sur y Taiwán han demostrado su capacidad para eliminar la pobreza y dar un mejor nivel de vida a sus poblaciones, impulsando la productividad antes que la solidaridad social. Detrás de ellos vienen otros, como China, Indonesia, Malasia e incluso Vietnam, que han encontrado que el camino para lograr la prosperidad pasa por la productividad y no por la redistribución de la riqueza. En contraste, los países europeos, particularmente Grecia y España, con costosos sistemas sociales, se están empobreciendo.
El gobierno de Enrique Peña Nieto ha decidido redistribuir la riqueza antes de generarla. Sin embargo, la decisión de subir los impuestos a los ya cautivos, especialmente a empresas y personas de clase media, para financiar programas sociales que no son productivos, puede tener consecuencias negativas. La experiencia internacional sugiere que los seguros de desempleo aumentan la desocupación porque generan incentivos para no trabajar. El costo de la pensión universal para personas de la tercera edad aumentará a lo largo de los años conforme envejezca la población mexicana. La carga puede volverse insostenible, ya que el gobierno no está estableciendo una reserva para financiar el programa sino que piensa pagarlo del gasto corriente. La factura se disparará con el tiempo.
El incentivo del gobierno es muy claro. Los subsidios sociales generan votantes agradecidos que entregan sus sufragios al gobierno. Las políticas que producen crecimiento económico reducen el número de pobres pero no sufragios. El presidente Peña Nieto, al parecer, prefiere que se mantenga el número de pobres para poder comprar sus votos.
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