LA DECLARACIÓN que hizo el secretario de Gobierno del estado de Guerrero no tiene desperdicio. Palabras más palabras menos anunció: "Las órdenes de aprehensión en contra del grupo de maestros paristas son negociables y el pago de los salarios de los paristas se les hará en efectivo". A partir de ese momento el gobierno del perredista quedó en manos y al capricho de un grupo delincuencial.
UNA VEZ MÁS los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) lograron poner de rodillas al gobierno de Guerrero e indirectamente al de Peña Nieto. Con esto queda demostrado por enésima vez, que seguimos viviendo un sistema político de impunidad institucionalizada.
No obstante que al asumir sus cargos las autoridades juran cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes que ella emanen, en el mismo momento en que tienen la obligación de hacerlas cumplir, nuestros gobernantes se arrugan.
Los señores maestros en Guerrero vienen cometiendo tropelía y media en perjuicio de cientos de miles de mexicanos y son responsables, in fraganti, de delitos tipificados en leyes locales y federales, como son la toma y secuestros de edificios públicos; la destrucción de bienes propiedad del estado; el bloqueo de autopistas y vías federales de comunicación, del daño en propiedad ajena y de incumplir sus obligaciones laborales.
ESTAS CONDUCTAS SON DELICTIVAS y están previstas en los artículos 140 y 167 fracción III del Código Penal Federal que dicen: "Se impondrá pena de 2 a 20 años de prisión y multa de hasta 50 mil salarios mínimos, al que dañe, destruya o ilícitamente entorpezca vías de comunicación.
La comisión de toda esta secuela de actos delictivos que en cualquier otro país medianamente civilizado hubiesen sido motivo de la aplicación pura y simple de la ley, aquí en México son motivo de negociación. Se negocia el Código Penal, la averiguación previa, la consignación y el auto de formal prisión.
Y UNO SE PREGUNTARÍA: ¿De qué privilegio gozan estos maestros para que sin trabajar ni cumplir su contrato laboral, pretendan ahora se les pague puntualmente su sueldo mientras bloqueaban carreteras y tomaban edificios? En este país y en cualquiera otro del mundo, al trabajador que falta a sus labores por tres días consecutivos de manera injustificada, deja de percibir su salario y además se le despide. Así de fácil.
EN OTROS ESTADOS de la república como Michoacán y Oaxaca ha venido sucediendo lo mismo. También la ciudad de México es continuamente secuestrada y ahogada en sus vialidades por movimientos similares. Los anarquistas han tomado avenidas, periféricos y casetas de carreteras federales de peaje y tampoco pasa nada. Cuando es necesario construir un nuevo aeropuerto una presa o una carretera, basta con que un grupúsculo bloquee calles, avenidas y vías federales para que nuestras autoridades se arruguen y un proyecto que podría beneficiar a 120 millones de mexicanos se suspende por la movilización de 120 personas manipuladas. No se trata de impedir o reprimir las manifestaciones de disidencia, inconformidad o la protesta ciudadana que están garantizadas por nuestra constitución; se trata de que esas protestas no afecten a terceros que tienen también sus derechos preservados en esa misma constitución ni a los intereses de la nación.
SI PEÑA NIETO quiere en verdad mover a México, deberá empezar por aplicar la ley y por hacer respetar los derechos de todos; deberá por hacer efectivo el principio de que en este país nadie está por encima de la ley y que frente a ella, todos somos exactamente iguales. Que el ponerse una máscara o paliacate para delinquir no exonera a nadie. Que el salir a calles y avenidas en turba rompiendo y quebrando todo lo que se encuentre al paso no es una manifestación de ideas o una protesta, sino mera conducta delictiva por la que deberán responder sus protagonistas.
LOS ACTOS DELICTIVOS de los maestros y de todos los otros grupos que vienen descomponiendo la convivencia social, no tienen otro objetivo que "tomarle la medida" al presidente Peña Nieto y a su gobierno. Se trata de calarlo para ver si en materia de impunidad y aplicación de la ley va a resultar igual que sus dos antecesores panistas.
Si este nuevo gobierno no decide (como es su obligación constitucional) hacer respetar el estado de derecho y aplicar la ley, poco o nada podrá hacer para sacar al país de su postración económica e inseguridad criminal.
El aplicar la ley tiene un costo político, pero si no se asume ese costo político, las reformas que viene impulsando Peña Nieto quedarán en simples buenas intenciones, de aquellas que está pavimentado el camino a los infiernos.
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