En Guerrero varias comunidades, desesperadas por la inseguridad, se sublevan. No es un asunto totalmente nuevo. La CRAC, Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, nació hace 17 años. Tienen un uniforme, no se cubren el rostro y sus "detenidos" son llevados a la Casa de Justicia. En enero de este año, por el mismo motivo, la inseguridad, surge la UPOEG (Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero). Se trata de una organización de autodefensa de las peticiones vecinales. En oposición a los métodos de la CRAC, operan encapuchados o embozados, instalan retenes y detienen vehículos. Ambas organizaciones están armadas y no sólo suplantan a la autoridad, la retan al impedirle entrar a las zonas controladas. Las dos agrupaciones se enfrentan, la lucha por el poder no hace excepciones. Pero, a pesar de las diferencias que no son menores, el fenómeno social que está detrás es el mismo: la pérdida de confianza en las autoridades y la idea de hacerse justicia por propia mano.
La UPOEG "detiene", secuestra para decirlo sin eufemismos, a 54 personas imputadas por ellos de diferentes delitos. El presidente municipal, el gobernador y finalmente las autoridades federales, negocian otorgar un carácter semioficial a estas policías autoerigidas. El gobernador les entrega uniformes. El margen de maniobra de las autoridades es muy estrecho, se busca evitar la violencia pero, en el largo plazo, se lanza un estímulo perverso a la suplantación de la autoridad. La UPOEG exhibe a sus detenidos en Ayutla antes de entregarlos a la Procuraduría estatal.
La Asamblea Legislativa modifica la ley para liberar a los individuos que -ante los ojos de toda la República- cometieron actos vandálicos el primero de diciembre. Otro estímulo perverso, ¿Cómo extrañarse de que estudiantes del CCH de la UNAM, molestos por una reforma académica, (inglés y deporte entre otros) tomen la vía violenta? El final de la historia es el esperado, una vez más las autoridades -controladas desde hace décadas por las minorías violentas- retiran los cargos de ley para así recuperar las instalaciones y salir de la extorsión. Hay más antecedentes, hace pocos meses estudiantes, jóvenes violentos, de la Universidad de la Ciudad México siguieron la misma estrategia: extorsionar a las autoridades. Para ellos la mecánica es exitosa, ya la vemos con naturalidad.
Como si fuera poco en Guerrero de nuevo, en Acapulco la segunda ciudad más violenta del mundo, se da una violación de seis españolas. Las autoridades admiten que no hay Policía asignada a una de las áreas de mayor crecimiento potencial de esa ciudad. El mundo se entera con azoro de la impotencia de la autoridad, de la impunidad. En Tlaxcala aparece un estremecedor cartel con la foto de un hombre sangrando. La consigna es muy clara: "A él lo salvó el gobierno a tiempo, si te agarramos tú no lo lograrás". El remate no deja dudas: "Tecuexcomac está cansado de los amantes de lo ajeno…Ratero que agarremos lo quemamos vivo". La violencia generalizada, la ausencia de estado, son evidentes pero, qué actitud debe tomar la autoridad, negociar o ir a la raíz: terminar con la impunidad por debilidad estatal que genera violencia que vuelve a generar impunidad. Romper en definitiva el círculo vicioso.
En contraste en Morelos, Graco Ramírez logra un acuerdo que debe de haber sido muy difícil de obtener: se crea un mando único de la Policía. Los presidentes municipales lo acompañan. No es una entidad fácil, pero lo consiguió. Da un paso ejemplar ante la dispersión y falta de profesionalismo de los múltiples cuerpos policiacos que hay en el país. Encara la extorsión interna, madre de la impunidad. Horas después atentan contra su procurador. Las FARC en Colombia defienden su derecho al secuestro por causas que ellos definen. En México, en los hechos, lo estamos admitiendo. Las detenciones comunitarias son secuestros. Se entiende la desesperación de las comunidades pero, negociar es la vía correcta o simplemente se fomenta una cultura de justicia por propia mano.
Estamos sobre un volcán. La cultura de la legalidad se está construyendo con lentitud, quizá precisamente por los estímulos perversos. El IFE y Jurídicas de la UNAM nos dieron un corte de caja en 2011. Alrededor del 40% de la población aceptó que lo grave es ser sorprendido, no violar la ley. Un 20% opina que se puede desobedecer la ley si ésta es injusta. Un 42% defiende que ante un asesino no perseguido por la autoridad, la comunidad tiene derecho de tomar en sus manos el castigo. Desobedecer al gobierno y hacerse justicia por propia mano siguen siendo parte de nuestra cultura cívica. Con la inseguridad generalizada la pradera está muy seca. ¿Qué señales deben dar las autoridades? Negociar y salir del apuro o dar una señal unificada a favor del estado de derecho. Los negociadores perjudican a los severos. Los severos deben ser eficaces ante la impunidad original. A la larga el dilema es claro.
