Hace diez años surgió el inusitado robo de información confidencial en América Latina. Padrones electorales, cédulas de identidad y hasta registros de licencias de conducir fueron objeto de pillaje instigado por el Servicio de Nacionalidad y Naturalización de Estados Unidos, y perpetrado por una escurridiza empresa llamada ChoicePoint (CP).
Ésta aún se describe en Wikipedia como compañía de datos "que actúa como servicio de inteligencia para el gobierno y la industria". Ya no aparece en la red, porque fue adquirida en 2008, a cambio de una contraprestación de 3,600 mdd, por el conglomerado Reed Elseviere, que en alguna época estuvo involucrado en asuntos de armamento pesado.
Siempre entre sospecha y controversia, CP cerró esa venta cuando estaba siendo acusada de falsificar información relacionada con el padrón electoral de Florida durante la controvertida elección presidencial de George W. Bush, hermano del gobernador.
En 2003, cuando ocurrió la "compra" del padrón electoral mexicano, CP tenía un portal de Internet con una enorme bandera de Estados Unidos y otros símbolos patrios. Quería dar impresión de ser, lo que probablemente haya sido: una empresa "oficial". Hoy Wikipedia pone el dedo en la llaga: reconoce que "había sido acusada de vender información confidencial de ciudadanos de otros países al gobierno de Estados Unidos". Eso es precisamente lo que hicieron en México.
En abril de 2003, publiqué un artículo en el que denuncié las sospechosas actividades de CP (http://bit.ly/13LujdX). Siete años después El Universal reportó también que un funcionario de ChoicePoint le aseguró haber adquirido el padrón mexicano, en forma "legal", de una empresa mexicana "establecida" (http://bit.ly/bUjfl5).
CP aseguró que en la operación del padrón mexicano no participó "ningún organismo público"; pretendía dejar fuera de sospecha al IFE y a sus funcionarios. En mi artículo externé la sospecha de que CP podría haber sido una agencia del gobierno americano.
Hoy, 10 años después del robo del padrón mexicano, surgen revelaciones en The Washington Post, donde se afirma que el gobierno, a través de un programa ultrasecreto llamado "Prisma" (que ha compartido con Gran Bretaña), ha tenido acceso ilegal a información confidencial de los usuarios en los servidores de nueve gigantes informáticos (que incluyen a Microsoft, Google, Apple, y Facebook). La información adquirida ilegalmente incluye chats, correos, videos, fotos y mensajes. Se escudan en las leyes promulgadas por Bush tras el ataque a las Torres Gemelas. Las compañías privadas lo niegan, por supuesto, y el gobierno alega razones de "seguridad nacional". A las empresas privadas que participan se les otorga protección legal e inmunidad. Por eso dice El País que "Obama no es Bush, pero se le parece".
José Woldenberg, que como autoridad electoral actuó fuera de toda duda, se limitó a declarar en ese entonces que el robo del padrón mexicano "era un asunto grave". Pero jamás insinuó que el IFE estaba dispuesto a iniciar una acción legal.
Tras las revelaciones del Washington Post es posible que Estados Unidos haya usado el mismo modus operandi para adquirir padrones electorales de otros países. Según el diario El Colombiano esas compras pudieron haberle dado al gobierno americano acceso a los registros de 100 millones de ciudadanos latinoamericanos en 10 países.
Después de mi artículo en 2003, que titulé "El verdadero Big Brother", fui entrevistado por La Jornada sobre el tema (http://bit.ly/19PTOzA). Recomendé varias medidas para que los ciudadanos ofendidos pudiésemos proteger nuestra información. Teníamos motivos de sobra para iniciar una acción de grupo en tribunales federales de Estados Unidos. Con eso hubiésemos desenmascarado las condiciones de la turbia compra "legal" del padrón a una compañía mexicana supuestamente "establecida".
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