Eduardo Andere, uno de los más brillantes especialistas en educación, me ha convencido que el establecimiento de un nuevo Instituto Nacional de Evaluación Educativa o la aplicación de exámenes nacionales a alumnos o maestros no mejorarán necesariamente la calidad de la educación en México. El factor fundamental en el desempeño educativo es el origen social de alumnos y maestros. Un chico que crece en una casa con hambre y sin libros nunca tendrá un desempeño en el aula similar al de otro que viva con tranquilidad económica y tenga libros en casa.
Lo que no se mide no se puede mejorar, por supuesto. Es importante que el sistema educativo tenga evaluaciones que permitan determinar si la instrucción está sirviendo para algo o si sólo se está desperdiciando. Es válido discutir cuáles son los exámenes más adecuados en distintas circunstancias y lugares. El propósito de las evaluaciones debería ser el de asegurar que los estudiantes puedan mejorar su desempeño y no nada más filtrar a los alumnos de origen humilde para abrir camino a quienes vengan de familias más prósperas. La educación debe ser un instrumento de salida a la trampa de la pobreza.
El que puedan discutirse los criterios, sin embargo, no significa que deban eliminarse las evaluaciones, ni que se dé el control sobre ellas al sindicato, ni que las pruebas se ajusten a los "usos y costumbres" de ciertas comunidades. Muchas de las exigencias de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación son excusas para evitar la evaluación y para mantener el dominio sobre el sistema educativo.
Para lograr estos objetivos la CNTE ha adoptado una política de confrontación con la que agrede a los ciudadanos comunes y corrientes porque sabe que esta estrategia ha demostrado ser muy exitosa ante gobiernos débiles como los que tenemos en México. De hecho, los gobernadores Gabino Cué de Oaxaca y Ángel Aguirre de Guerrero se han apresurado a llevar a cabo contrarreformas inspiradas por la CNTE: no para mejorar los criterios de evaluación sino para emascularlos.
Los maestros de la CNTE parten de la suposición que las plazas docentes y las escuelas son suyas. El Estado no puede establecer un sistema que mida el desempeño docente y sirva para decidir contrataciones, ascensos o destituciones porque las plazas son propiedad privada. La CNTE está dispuesta a dar cualquier batalla para impedir que las plazas pasen a ser un bien público porque su privatización ha sido fuente de poder y de dinero.
El Estado mexicano tiene obligación de defender el carácter público de la educación. El esfuerzo del gobierno es fundamentalmente correcto, independientemente de que el nuevo Instituto de Evaluación Educativa pueda hacer todos los ajustes necesarios a las evaluaciones. Pero el problema es que el Estado debe luchar por salvaguardar un bien público desde una posición de debilidad.
Los grupos de la CNTE llevan a abiertamente acciones como bloqueos de carreteras, calles y centros comerciales porque buscan afectar a terceros. Saben que la autoridad difícilmente se arriesgará para defender a los ciudadanos. Los gobernadores Cué y Aguirre se han rendido de manera incondicional ante estas presiones porque conocen los costos que en nuestro país debe pagar cualquier gobernante que recurra al uso legítimo de la fuerza. Y si bien es verdad que el nuevo gobierno federal parece estar dispuesto a dar la pelea, cuando llegue el momento de la confrontación no nos sorprenderá que las autoridades se queden paralizadas y los activistas ganen todas las batallas.
PREPA 6
Una decena de encapuchados tomó ayer las instalaciones de la Prepa 6 de la UNAM en Coyoacán. La directora Alma Angélica Martínez cedió a todas sus peticiones y los encapuchados entregaron las instalaciones. Con razón los grupos de presión recurren a bloqueos, plantones y cierres de instalaciones. Las autoridades les dan todos los incentivos para hacerlo.
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