La secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, Paloma Villaseñor Vargas, consideró de suma importancia incluir en el censo de educación básica el tema de los discapacitados.
En un comunicado, resaltó el exhorto que se hizo a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para que incluyan el tema en el “Censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial para el ciclo 2013-2014”.
Comentó que estos reactivos son indispensables para conocer información específica y detallada sobre discapacidad en las escuelas regulares y de educación especial.
La legisladora explicó que esta acción ofrecería una respuesta orientada a cumplir cabalmente con el precepto de brindar una educación de calidad para todos, sin exclusiones de ningún tipo.
La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expuso que dichos reactivos ofrecerían específicamente el número de profesores y alumnos con discapacidad, los tipos de discapacidad y la infraestructura especial instalada para su asistencia.
Villaseñor Vargas resaltó que la educación es un derecho humano, consagrado en el Artículo 3 de la Constitución, que mejora las oportunidades en la vida.
Destacó que mientras mayor sea el nivel educativo mejores herramientas tendrá el individuo para alcanzar su desarrollo personal y en el caso de los niños con discapacidad es un utensilio vital que hace la diferencia hacia una vida independiente, libre y digna.
Afirmó que la información que arroje el censo será complemento que permita planear y tomar decisiones sobre cómo mejorar la educación especial y así dar cumplimiento a la obligación del Estado de asegurar la educación para todos, incluidas las personas con discapacidad y niños talento.
La priista refirió que en los últimos años se hicieron reformas a la legislación para mejorar el “modelo educativo”, fundamentalmente en la educación básica, empero la atención educativa para niños con discapacidad ha sido marginal y se requieren adecuaciones que corrijan estas condiciones discriminatorias.
Destacó que la planeación de estos cambios debe basarse en elementos cualitativos y cuantitativos que permitan identificar las necesidades y requerimientos para transitar al ideal educativo que permita a México un desarrollo con inclusión social y sin discriminación.
Aseveró que en el Artículo 31 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga a los estados a recopilar información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación, que les permita mejorar o formular y aplicar políticas que den cumplimiento a los derechos humanos y los protegidos por la convención.
