Pérdidas por más de 1 mil 400 millones de pesos han generado los bloqueos y manifestaciones por lo que la organización "México Unido contra la Delincuencia" reprobó esas movilizaciones, así como la pasividad de las autoridades encargadas del orden e impartición de justicia.
En un comunicado, "México Unido Contra la Delincuencia” lanzó una enérgica condena contra la impunidad de aquellos que violan la ley sin recibir sanción alguna tan solo por formar parte de un contingente suficientemente numeroso.
"La imposibilidad de trabajos en las sedes del Congreso de la Unión y la alteración de actividades en la principal terminal aérea del país son precedentes inaceptables y que abonan a la inseguridad que otros grupos van a querer imitar en detrimento de nuestra incipiente democracia", destacó la organización en un comunicado.
Además resaltó que el cumplimiento de la ley no es una moda o una opción, sino la esencia de la democracia, el fortalecimiento del Estado de Derecho y de la Cultura de Legalidad no es una moda; requiere acciones permanentes, congruentes y orientadas siempre al bien común.
"En un entorno económico poco favorable, México busca la forma de recuperar el crecimiento y el orden. Esas metas se complican seriamente ante los múltiples ataques, bloqueos y actos vandálicos que resultan de manifestaciones públicas que, si bien en algunos casos pueden estar impulsadas por un reclamo genuino en diversas causas, se han salido de control al paralizar el funcionamiento de las instituciones, quebrantando la ley impunemente", señaló.
Al respecto, agregó, que ya se trate de bloqueos en carreteras en Guerrero o Sonora, ataques a los Congresos Locales o al Federal, cierre de vialidades, toma de medios de transporte, afectaciones a la terminal aérea en el DF, entre otros actos, "la realidad es que todos ellos rebasan las fronteras de la legalidad y no abonan al Estado de Derecho en un país que aspira a tener una plena vida democrática en todas sus facetas".
"No es congruente que en un país donde la lucha contra el hambre y la pobreza son prioritarios, existan grupos que afectan gravemente la economía de muchos compatriotas y del país entero impunemente", mencionó la organización.
Además, detalló, muchos de estos grupos no solo no son controlados y sancionados, sino que incluso se les conceden o incrementan privilegios, pagos, salarios y prestaciones a los que no tienen acceso la mayoría de la población".
De acuerdo con datos de Canaco-Servytur, tan solo en la capital del país se estima que una marcha de 1 a 2 horas de duración genera 329 millones de pesos en pérdidas, en tanto que un bloqueo de 7 a 8 horas repercute en 957 millones de pesos que dejan de inyectarse a la economía.
Tan solo la manifestación del 1 de diciembre de 2012 en el Distrito Federal, repercutió en 950 millones de pesos en pérdidas de ventas en la zona centro y 28 millones de pesos en daños a inmuebles, precisó la organización.
"En el caso particular del 1 de diciembre, los responsables no sólo no fueron controlados oportunamente, sino que al final resultaron favorecidos con una modificación avalada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para reducir la sanción penal y así lograr su liberación inmediata, condenando a partir de ese momento a todos los comerciantes y generadores de trabajo formal en esta ciudad a ser víctimas de destrozos y atropellos, sin que a los culpables se les vaya siquiera a privar de su libertad", refirió.
La organización afirmó que el panorama es muy desalentador, ya que la expectativa de más reformas legales que se anuncian como necesarias para la viabilidad del país palidecen ante la realidad de que las leyes más elementales que rigen la convivencia en nuestras comunidades no se cumplen.
"Por ello, la exigencia es para las autoridades en todos los niveles de que cumplan su mandato. La ciudadanía ya no aguanta más abusos, atropellos y demostraciones de impunidad radical. La liga ya no se puede estirar mucho más", apuntó.
