Votaciones. Imagen de archivo de una sesión del Consejo General del Instituto Federal Electoral. El IFE absolvió a Enrique Peña Nieto del financiamiento ilegal a través de Monex.
Luego de un debate que se decidió con la intervención del consejero Sergio García Ramírez, el Consejo General del IFE absolvió a Enrique Peña Nieto y a los partidos agrupados en la coalición Compromiso por México del financiamiento ilegal a través de las tarjetas Monex.
El caso, que los consejeros reconocieron como el más relevante de los procesos sancionadores derivados de la campaña presidencial, se resolvió con cinco votos en favor y cuatro en contra.
A partir del proyecto de resolución que presentó la Unidad de Fiscalización de los recursos de los partidos políticos, donde se proponía declarar infundado el proceso administrativo sancionador electoral contra el PRI y el PVEM, se encendió el debate.
Los representantes de los partidos opositores al PRI y los consejeros del Poder Legislativo comenzaron a denunciar presuntas inconsistencias e incongruencias del informe a discusión.
Al principio los consejeros electorales defendieron el exhaustivo trabajo de la Unidad de Fiscalización y cuando todo parecía indicar que el informe se aprobaría sin mayores problemas, una vez que los participantes expusieron sus consideraciones, el ambiente cambió.
Fue el consejero Alfredo Figueroa Fernández quien hizo notar que si bien el origen de los recursos podrían considerarse lícitos porque a fin de cuentas salieron de una cuenta del PRI, el destino final de los mismos no quedó plenamente acreditado.
Ello, expresó, porque las tarjetas Monex fueron innominadas y no había relación entre quienes gastaron los recursos y el personal que contrató el PRI para la jornada electoral.
A esta postura se sumaron los consejeros Lorenzo Córdova Vianello, Benito Nacif Hernández y María Marván Laborde, quienes se pronunciaron por revertir los resolutivos del informe y declarar fundada la queja.
Esto en razón que no se acreditaba el destino de los 66.6 millones de pesos que, según encontraron los investigadores, se distribuyeron a través de siete mil 851 tarjetas.
Estos consejeros propusieron dar vista de los resultados de la investigación a las autoridades respectivas, además que consideraron estos recursos como gastos de campaña para contabilizarlo al momento de revisar los topes de los mismos.
Contra esta propuestas y consideraciones se pronunciaron los consejeros Marco Antonio Baños Martínez y Francisco Guerrero Aguirre, quienes recurrieron a su capacidad argumentativa para intentar defender el informe de la Unidad de Fiscalización.
La consejera electoral Macarita Elizondo hizo una exposición considerativa que parecía abonar a los candidatos que se pronunciaron por declarar fundada la queja; pareció indicar que se habían reunido ya los cinco votos necesarios para ello.
Por falta de tiempo, Elizondo Gasperín no terminó de aclarar el sentido de su decisión y no volvió a tomar la palabra hasta el momento de la votación.
A lo largo del debate, ni el consejero Sergio García Ramírez ni el consejero presidente Leonardo Valdés Zurita externaron una sola palabra sobre la controversia.
García Ramírez había manifestado su decisión de no participar por ser amigo de algunos de los implicados en este esquema de financiamiento, mientras que Valdés Zurita simplemente porque así lo decidió.
Tras ello llegó al momento de la votación y de manera sorprendente se produjo un empate debido a que los dos votos de Baños Martínez y Guerrero Aguirre se sumaron los de Elizondo Gasperín y Valdés Zurita.
Antes que, de acuerdo al reglamento, se procediera a una nueva votación para buscar eliminar el empate, García Ramírez solicitó la palabra para pedir a sus colegas que manifestaran si en su opinión había algún impedimento para emitir su voto, sin que alguno se negara a ello.
De esta manera se reunieron los cinco votos necesarios para exonerar a los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) y a su candidato Enrique Peña Nieto.
Los representantes de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) anunciaron que recurrirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para apelar la decisión del consejo del instituto.
En la sesión de ayer miércoles, el órgano del IFE desahogó 12 procesos especiales sancionadores, siete de los cuales venían declarados como infundados y cinco como fundados.
'Chocan' por Monex
En lo que fue un choque de diputados de izquierda con el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el exlopezobradorista Mario Di Costanzo, este funcionario estableció que carece de facultades para investigar si existió triangulación de dinero para financiar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
Di Costanzo asistió a una reunión de trabajo en la Cámara de Diputados con la Comisión de Investigación para la Revisión del Funcionamiento de la Condusef, la cual ha sido llamada Comisión Monex. PRD, PT y Movimiento Ciudadano, reclamaron informes para encontrar el origen de los fondos que pasaron por empresas para dispersarse en tarjetas de débito.
El presidente de la comisión investigadora, Roberto López Suárez, consideró como un pretexto de Di Costanzo decir que la Condusef no tiene facultades para indagar.
