Peligro. Practicar la defensa de los derechos humanos en el norte del país, puede ser muy peligroso ante la ola de violencia que en esas zonas existen.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) identificó a Coahuila como una de las entidades de más alto riesgo para los defensores de derechos humanos.
En su informe sobre las situaciones de los defensores de derechos humanos en México, la Acnudh destaca que esta entidad, junto a Oaxaca, Chihuahua, Guerrero y el Distrito Federal son los estados que concentran el mayor número de agresiones contra activistas.
Específicamente en los casos de Chihuahua y Coahuila, las agresiones contra defensores tienen un vínculo con los altos niveles de violencia e inseguridad que se registran en esas entidades, mientras que en los demás estados las cifras parecen obedecer a dinámicas diferenciables o intereses privados, explica el documento.
Para Coahuila, el organismo destacó como casos emblemáticos las agresiones a la Casa del Migrante en Saltillo, el albergue Frontera Digna y contra el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi.
La Acnudh también registró ataques en Baja California, Chiapas, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Yucatán.
Las agresiones contra defensores de derechos humanos en México sumaron 89 casos entre noviembre de 2010 y diciembre de 2012, de estos 36 ocurrieron sólo el año pasado.
A los 89 ataques de los últimos dos años se suman 137 reportados entre 2006 y 2009.
En cuato a casos de impunidad, Javier Hernández Valencia, representante en México de la Acnudh precisó que de 2010 a 2012, sólo en tres casos se logró la detención y consignación de los presuntos responsables.
En 23% de los casos, la Acnudh identificó que los presuntos agresores fueron funcionarios, por acción u omisión. El informe detalla que 12% de esos funcionarios provenía de la administración pública federal, 6% de autoridades municipales y 5% de operadores de justicia.
Las amenazas contra los activistas son las agresiones más frecuentes, pues representan 38% del total documentado, seguidas de las injerencias arbitrarias, con 13%; hostigamiento, 12%; privación arbitraria de la vida, 11%; atentados, 6%; y desaparición forzada con el 2%.
Desde 2006, 22 defensores y cinco de sus familiares han sido asesinados por motivos relacionados a las causas que defendían. Además, se desconoce el paradero de seis activistas más.
Por su parte, la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, Lía Limón, declaró que desde la puesta en marcha del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos se han recibido 81 solicitudes de incorporación para brindar protección y salvaguarda de la integridad física, 33 de ellas de periodistas de diversos estados del país, y 48 de defensores de los derechos humanos.
Sin embargo, Edgar Cortez Morales, miembro del consejo consultivo del mecanismo, solicitó a la subsecretaria que se dé prioridad a la integración del equipo del mecanismo, pues, dijo, son insuficientes los esfuerzos y se está generando un rezago en la evaluación de las solicitudes de protección.
