A fin de colaborar con el Gobierno federal en la prevención del delito y el combate al crimen, la industria de seguridad privada acordó establecer un banco de datos sobre crímenes y delincuentes con la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
Alejandro Desfassiaux, presidente de la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Nacional de Seguridad Privada, informó que el acuerdo se concretó en una reunión entre representantes del consejo con el comisionado Manuel Mondragón y Kalb, y el titular de la Dirección General de Seguridad Privada de la CNS, Juan Antonio Arámbula.
Se planteó, refirió, que la IP detecte factores criminógenos a través de la observación de conductas, información que será compartida con la autoridad federal.
"(Se acordó) crear los procesos de coordinación para establecer que, a nivel federal, pueda haber un banco de datos de situaciones que conocemos en el sector de seguridad privada sobre crimen organizado y crimen local, sobre delitos que están ocurriendo, y que en el sexenio pasado la autoridad nunca nos hizo caso", señaló Desfassiaux en entrevista.
Al Consejo Nacional de Seguridad Privada lo conforman más de 200 empresas de la industria privada, añadió, y constantemente reúne estadísticas sobre crímenes, observaciones respecto a tendencias delictivas, y bases de datos sobre los delincuentes que afectan a las empresas, información que podría ser incluida dentro de Plataforma México.
Desfassiaux aseguró que la IP buscará tener un lugar en las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, a fin de proporcionar directamente la información reunida desde las entidades y coadyuvar en la labor contra el crimen organizado.
Como parte de la reunión, efectuada el pasado 4 de junio, la CNS ofreció establecer controles sobre la operación de empresas "patito" de seguridad privada, las cuales funcionan en diferentes entidades sin un permiso emitido por las autoridades federales.
A través de la obtención de permisos locales, describió Desfassiaux, dichas empresas trabajan en varios estados de la República evadiendo impuestos y pago de prestaciones a sus trabajadores, así como contratando personal de seguridad con antecedentes penales.
