Especialistas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Telecom y del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) emitieron diversas recomendaciones orientadas a perfeccionar la reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión, que en estos días se encuentra en curso legislativo en el Senado de la República.
"Nuestro objetivo es señalar puntos específicos que, sin contravenir el espíritu de la propuesta, puedan implicar mandatos contradictorios o rígidos en un sector caracterizado por el rápido cambio tecnológico", según el comunicado de prensa.
Los especialistas consideraron que elevar numerosas normas al grado constitucional las fortalece y obliga su seguimiento sin reglamentación adicional.
Sin embargo, presenta el riesgo de generar rigidez en sectores en los que la autoridad necesita flexibilidad para enfrentar la innovación tecnológica.
Es por lo tanto importante mantener diversos mandatos lo suficientemente abiertos para que no impidan que futuras decisiones estén atadas a la situación presente.
El comunicado está firmado por Sergio López Ayllon, director general CIDE; Juan E. Pardinas, director general del IMCO; así como por investigadores de la talla de María Amparo Casar, José Caballero, Javier Cruz Angulo, Alexander Elbittar, Carlos Elizondo Mayer-Serra, Ernesto Flores-Roux, Miriam Grunstein, Judith Mariscal, Elisa Mariscal, Jana Palacios (IMCO) y José Roldán Xopa.
Consideramos que debe esclarecerse cuál será el papel del Estado en la construcción y operación de las nuevas redes de transporte y de banda ancha móvil.
Los recursos escasos del Estado deben priorizarse para la cobertura social, no para competir con el capital privado, según los expertos.
El asignar constitucionalmente los recursos de la fibra óptica de la CFE y del espectro de la banda de 700 MHz a Telecomunicaciones de México, una empresa paraestatal con escasa experiencia en esta materia, generará una empresa verticalmente integrada y dificultará que se invierta eficientemente, de acuerdo con el documento.
Los expertos consideraron también que la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) como órgano autónomo constitucional podría minar la capacidad de articular una estrategia integral digital con agencias del Ejecutivo.
La iniciativa menciona que en términos de la asignación y uso que se haga del espectro, el Ifetel debe ceñirse al Plan Nacional de Desarrollo, lo que es contradictorio con el mandato de autonomía constitucional.
Por ello convendría establecer los mecanismos que aseguren una adecuada coordinación entre el Ejecutivo y el Ifetel, comentaron.
A decir de los expertos, el reasignar todas las facultades de competencia económica a un órgano regulador sectorial puede crear contradicciones en el ejercicio de funciones del nuevo órgano de competencia, la Comisión Federal de Competencia Económica.
La naturaleza de la regulación del Ifetel y la de una agencia de competencia son distintas.
Las declaratorias de dominancia son funciones de regulación ex ante que pudiera realizar el Ifetel con una opinión por parte de la CFCE.
Pero las facultades de regulación ex post, tales como concentraciones e investigaciones en prácticas monopólicas, no deberían estar con el Ifetel.
Además, la reforma no contempla formas en las que debe coordinarse el órgano sectorial con la nueva agencia de competencia, salvo a través del Poder Judicial. La determinación de un juzgado especializado, mucho tiempo después, que le dé deferencia a un regulador sobre otro, no es expedito ni eficiente, aseguraron.
Advirtieron que la determinación de preponderancia con una participación de mercado del 50%, aunque expedita el proceso de determinación de dominancia, puede crear conflictos con el análisis de poder sustancial que la Ley de Competencia Económica requiere para el análisis de concentraciones y prácticas monopólicas relativas.
