Maratón. Despliegan vigilancia en el hospital donde se encuentra el sospechoso de los ataques en el Maratón de Boston.
Dzhokhar Tsarnaev, sospechoso de los atentados en el Maratón de Boston, estaba hospitalizado el sábado bajo fuerte vigilancia, mientras los habitantes de la ciudad respiraban aliviados y los investigadores trataban de esclarecer los detalles del mortal plan.
Se informó que Tsarnaev, de 19 años, no estaba en condiciones de ser interrogado el sábado por la mañana, después de que lo sacaron, herido y sangrando, de una embarcación cubierta por una lona, en un patio de Watertown. La captura ocurrió al final de una jornada tensa que comenzó cuando su hermano mayor, Tamerlan, murió en un intento desesperado por huir.
No había información inmediata de cuándo Tsarnaev sería acusado ni los cargos que enfrentará.
Los cargos más serios de que disponen los fiscales federales serían el uso de un arma de destrucción masiva para matar personas, que conlleva una posible sentencia a muerte. En Massachusetts no existe la pena capital. Obama dijo que hay muchas interrogantes sin contestar sobre el atentado, como si los hermanos Tsarnaev -originarios de la etnia chechena del sur de Rusia, que llevaban cerca de un decenio en EU y que vivían en Boston- habían recibido asistencia de otras personas. El presidente exhortó a la población a no apresurarse a sacar conclusiones sobre los motivos de los sospechosos.
Autoridades federales informaron que un equipo especial de investigadores especializado en sospechosos importantes interrogaría al estudiante universitario de Massachusetts sin ponerlo al corriente de sus derechos, invocando una poco común exención por razones de seguridad pública en casos de peligro inmediato.
La Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés), expresó preocupación por esa posibilidad. Anthony Romero, director ejecutivo de la organización, dijo que la excepción se aplica sólo cuando hay una amenaza a la seguridad pública y la "excepción no es ilimitada". La llamada regla Miranda garantiza el derecho de los detenidos a no hablar y a tener un abogado.
