Burocracia. Los procesos administrativos en estas dos dependencias tardan hasta cuatro años.
La tarea de los Órganos Internos de Control (OIC) de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene fallas.
En los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2011, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detalló que dilatan hasta cuatro años los procesos administrativos que integran contra los servidores públicos y registran inactividad en la sustanciación de sus expedientes de hasta mil 200 días.
Esta tardanza en la integración de los expedientes propició que, en el caso del OIC de Pemex Refinación, prescribiera su facultad de sanción en un asunto en el que el erario público tuvo un daño por 212.6 millones de pesos. Señaló que el OIC de Pemex Refinación recibió la denuncia el 31 de marzo de 2003, pero inició el procedimiento hasta el 30 de septiembre de ese mismo año,183 días después. La demora aún se prolongó más, debido a que el OIC admitió pruebas de los servidores públicos bajo investigación desde el 9 de julio de 2004 hasta el 3 de enero de 2007, y la resolución fue emitida el 14 de febrero de 2007, es decir, mil 233 días después de iniciado el procedimiento.
"Las dos sanciones económicas impuestas, por un importe total de 212.6 millones de pesos, fueron impugnadas por los servidores públicos sancionados y el TFJFA declaró la nulidad lisa y llana de las dos sanciones, al actualizarse la figura jurídica de la prescripción respecto de las facultades sancionatorias de la autoridad, debido a que la resolución del OIC se notificó a los servidores tres meses y quince días después del término de prescripción", concluyó la ASF.
En otro caso, ejemplificó, el OIC de la misma división de Pemex registró inactividad de mil 229 días, en los que no hizo ningún tipo de diligencia en un asunto que implicaba una probable afectación de 534 millones de pesos.
En cuanto al OIC de la CFE, la Auditoría determinó que incurrió en demoras excesivamente largas, y citó el expediente 0006/2004, en el que impuso una sanción de 9.1 millones de pesos, pero tardó 602 días en notificar al SAT para que hiciera efectivo el pago a través de un crédito fiscal.
En otro caso, el OIC notificó oportunamente al SAT la imposición de una sanción por 3.3 millones de pesos, pero esta multa no se pudo cobrar, debido a que en el expediente no definió dónde ocurrieron los hechos, por lo que un Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa consideró que la sanción era improcedente.
