Mientras más herramientas ha creado el Estado para sancionar actos de corrupción, más difícil resulta aplicarlas.
En la últimas dos décadas, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han impuesto sanciones económicas por un monto total de 71 mil 730.4 millones de pesos a 23 mil 858 servidores públicos; sin embargo, sólo se han logrado cobrar 159.1 millones, es decir el 0.2 por ciento, según datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La ASF adquirió en la década pasada la facultad de imponer sanciones conocidas como responsabilidad resarcitoria, distintas de las que aplica la SFP por responsabilidad administrativa, pero no hay cómo cobrarlas.
Si bien muchos de los funcionarios son señalados por daño patrimonial a sus dependencias, la gran mayoría no son acusados de apropiarse fondos, por lo que no tienen bienes para pagar multas en ocasiones multimillonarias, o simplemente desaparecen o ganan los juicios para defenderse.
De acuerdo con el SAT, de los 23 mil 858 créditos fiscales emitidos para el cobro de las sanciones económicas, un total 9 mil 507, con un importe de 33 mil 579.4 millones de pesos siguen activos; 10 mil 989, con un monto de 37 mil 991.8 millones de pesos, causaron baja, principalmente al ser revocados en tribunales, y los cobrados son 3 mil 362 con un importe de 159.1 millones.
Luis Manuel Pérez de Acha, abogado litigante experto en temas fiscales y administrativos, consideró que la escasa capacidad de cobro se debe a las fallas estructurales que tiene el sistema de rendición de cuentas, además de la mala integración de los expedientes por parte de la SFP y la ASF.
