'Es una gran victoria para México; es una decisión ejemplar y que podría tener repercusiones para muchas víctimas y procesados”. JOSÉ MIGUEL VIVANCO Director Ejecutivo de HRW
La liberación de la francesa Florence Cassez -acusada y condenada por el delito de secuestro- generó un choque de opiniones entre la sociedad civil de ambos países, activistas, Gobiernos y defensores de derechos humanos.
En primer término, el presidente Enrique Peña Nieto se declaró "absolutamente respetuoso" de las decisiones que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a Florence Cassez.
Subrayó que el caso de la francesa, que fue sentenciada a más de 60 años de cárcel por secuestro, se encuentra en el ámbito de un Poder con el que han comprometido respeto y colaboración institucional.
Además, la Procuraduría General de la República (PGR) reiteró su absoluto respeto en las resoluciones emitidas por el Poder Judicial de la Federación respecto a la libertad otorgada a Cassez. Sin embargo, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, reconoció que el fallo sería una derrota para la justicia, en caso de que ella fuera culpable de secuestro, pues la decisión no prejuzgó sobre su inocencia en los secuestros que se le imputaron, pero sobre todo es una llamada de atención para las autoridades que deben impedir en el futuro errores de procedimiento para evitar que esto vuelva a pasar.
Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, acusó que la libertad de la francesa estaba ya pactada, por lo que con su decisión de ampararla la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está defraudando a los mexicanos, pero sobre todo a las víctimas.
A su vez, la presidenta de la organización Causa en Común, María Elena Morera, indicó que "el presidente Peña Nieto debe salir a señalar un compromiso expreso en el que muestre que para él, el nuevo sistema acusatorio es una prioridad y como tal va a instrumentar cómo vamos a poder tener juicios orales a la brevedad, cómo se va a preparar a policías, ministerios públicos y jueces".
Por su parte, José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch-América, destacó la importancia de la resolución y dijo que con ésta se rescata la importancia del debido proceso, corrigiendo abusos indebidos.
Desde Francia, el presidente Francois Hollande agradeció a la justicia mexicana la liberación de su compatriota y estimó que la relación bilateral franco-mexicana atraviesa por un gran momento. "Quiero tener un reconocimiento para la justicia mexicana, porque ha hecho prevalecer el derecho", dijo.
Además, uno de los principales defensores diploáticos de Cassez, Nicolás Sarkozy, aplaudió el fallo de la Corte. "Estoy muy, muy feliz", declaró el exmandatario galo, quien pidió en todo su mandato de 5 años la liberación de Cassez.
En México, la orden de la SCJN no satisfizo a políticos del PAN y PRD, quienes consideraron que el caso pudo resolverse con mayor "equilibrio" y sugirieron revisar los procedimientos del Poder Judicial.
El Partido Acción Nacional (PAN) resaltó que siempre han mostrado estar del lado de las víctimas, por lo que "en el caso que nos ocupa nos solidarizamos con las organizaciones de derechos humanos que han levantado su voz para protestar por este fallo".
Por su parte, el secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandro Sánchez Camacho, indicó que con esta resolución del máximo órgano judicial de la nación se está liberando a alguien no por que sea culpable o no, sino por las irregularidades que se dieron en este caso con lo que las autoridades que imparten justicia quedan "desacreditadas".
EXPLICA VOTACIÓN En defensa de su voto, la ministra Olga Sánchez Cordero detalló los motivos por lo que sugirió la liberación de Cassez. Este caso de una ciudadana extranjera, sostuvo la ministra, las evidencias a la violación de sus derechos eran graves, por lo que solicitó la libertad inmediata. Citó que en primer lugar se violó el derecho a la presunción de inocencia. Además, el derecho al debido proceso. Se violó también su derecho porque no se le dio asistencia consular inmediata y se le violentó el derecho de principio de inmediatez.