Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes detectaron una nueva red de tráfico, extorsión y secuestro de personas que emplea autobuses de turismo en el centro de país y que traslada a los indocumentados a la frontera norte, donde pagan cuotas a policías federales y a bandas del crimen organizado.
De acuerdo con una investigación, una vez que los migrantes llegan a Apizaco, Tlaxcala, en el tren que sale desde Tapachula, Chiapas, son guiados hacia Puebla y Michoacán, donde abordan autobuses turísticos para dirigirse al norte del país. El costo de su boleto es 50% más que la tarifa comercial, con el argumento de que incluye el pago que les garantiza el paso libre en los retenes carreteros del Ejército y la Policía Federal (PF).
Pero no es así. Una vez que el autobús llega a Agua Prieta, Sonora, los migrantes son bajados en el retén y, según testimonios de las personas indocumentadas la PF les pide una cuota de 500 pesos a cada uno, a cambio de continuar con el trayecto, de lo contrario, son abandonados a su suerte en esa región.
También pasan por el retén taxistas que, coludidos con las autoridades federales, llevan a los migrantes que encuentran en su camino, pero de igual forma deben cubrir dicha cuota.
Si la ruta de autobús contratada llega a Altar, también en Sonora, los migrantes tienen que pagar una cuota de 3 mil 500 pesos a los "cobradores" del crimen organizado para poder salir de ese municipio, ya sea que atraviesen hacia Estados Unidos o se regresen a su lugar de origen. Si no pagan esa cantidad, los migrantes son forzados a servir como burreros para llevar droga a la Unión Americana.
De acuerdo con el informe "Víctimas entre fronteras. La ausencia del Estado en la defensa de los derechos de las personas migrantes en México", elaborado por una decena de organizaciones civiles que atienden y defienden a los migrantes, las personas indocumentadas que son menores de 18 años son los preferidos del crimen organizado para ser reclutados con el argumento de que son inimputables.
