Si bien el juicio de amparo ha protegido derechos de la vida, la libertad y el patrimonio de particulares y empresas desde su creación (1847), también se le ha utilizado para cometer ilícitos de diversa índole y extrema gravedad. Enhorabuena porque en adelante no sea tapadera de mafias de casinos y casas de apuestas clandestinas.
Tardaron los diputados un año y cuatro meses para aprobar la ley reglamentaria de la reforma constitucional que les remitió el Senado. En ese lapso, jueces, magistrados y litigantes han caído en confrontaciones porque unos basan sus alegatos en artículos modificados de la Constitución y otros argumentan lo estipulado en la aún vigente Ley de Amparo.
Millones de casos han quedado en la impunidad porque los jueces de Distrito o de amparo se esmeran en descubrir cualquier falla en los procesos penales y de otras materias para conceder la suspensión provisional o amparar en definitiva a individuos responsables de ilícitos, o favorecer a empresas en juicios en los cuales están en juego sumas a veces multimillonarias.
Mediante votación aplastante de 360 votos a favor de la modernizada Ley de Amparo, 70 en contra y tres abstenciones, quedó inhumada la suspensión provisional, artificio al cual recurren los litigantes para prolongar los juicios e incluso darles muerte por inanición.
Cuando el Senado concluya esa reforma, las demandas de amparo aceptadas serán sentenciadas de una vez. O sea, se otorgará el beneficio o se le rechazará, sin preámbulos. Con esto cobrará fuerza el Estado de derecho y disminuirá la impunidad.
El reciente ejemplo de impunidad lo protagonizó la francesa Florence Cassez, quien fue puesta en libertad por votación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Olga Sánchez Cordero, Arturo Zaldívar y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Los tres togados hicieron caso omiso del señalamiento rotundo de tres secuestros y la complicidad de Casez en un homicidio. La dejaron libre por supuesta violación de sus derechos humanos al ser presentada en un montaje de televisión armado por el ex titular de la SSPF, Genaro García Luna, favorito de Felipe Calderón. Dichos ministros son ya inolvidables por ese asunto, como lo es el guanajuatense José Rivera Pérez Campos, quien era senador cuando reconoció que como ministro de la Corte promovió un amparo para sí mismo y se apropió de miles de hectáreas de maderas preciosas de Chiapas. De ese nivel son los manejos en el Poder Judicial.
EN DÍAS PREVIOS a la mencionada votación, la Cámara de Diputados se repletó de cabilderos del Consejo Coordinador Empresarial y de banqueros que quisieron postergar esa reforma. El propósito empresarial era evitar cambios en el artículo 129 de dicha ley e impedir la negativa de amparos a particulares cuando estén en juego bienes de la nación, como tierras y aguas. Los banqueros no podrán ampararse cuando el gobierno intervenga a alguna de sus instituciones.
Algunos legisladores creen que con esta reforma se conceden mayores facultades al gobierno federal y éste pudiera incurrir en excesos. El coordinador de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones, procuró tranquilizar a empresarios al afirmar: "He leído y releído lo que es la minuta de la Ley de Amparo y en ella no encuentro más que temas garantistas".
El principal operador del PRI en el Congreso, Beltrones, señaló que el amparo se preserva para aquellos cuyos derechos son realmente violados. A la vez es logrado el amparo colectivo. O sea, si un ciudadano se ampara contra el cobro arbitrario de un impuesto, por ejemplo, esa demanda abarca a los demás afectados de lo mismo.
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, Tristán Canales, dijo que será analizada la nueva ley a profundidad, sin que sus afiliados se confronten con el gobierno.
En la sesión del martes pasado sucedió algo inesperado: el coordinador de diputados panistas, Alberto Villarreal, propuso que a través del debatido artículo 129 se impidan amparos a los casinos. Aleluya. Pero eso no olvida al alcalde blanquiazul de Monterrey, Fernando Larrazábal, quien protegía al casino Royale, incendiado con saldo de 53 muertos.
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