Proceso. El caso de Andrés Granier es de los más recientes de anomalías en gestiones públicas.
La jerarquía de la Iglesia católica en México se pronunció por acabar con los llamados "paraísos autónomos" de los gobernadores.
Pidió tomar a la alternancia de partidos en el gobierno como un elemento que evita la corrupción, la defraudación fiscal y el "lavado" de dinero, como en los casos de los exmandatarios de Tabasco, Quintana Roo y Chiapas.
Solicitó que se revise con seriedad la legislación, debido a que "ha entorpecido no sólo la lucha contra el despilfarro inmoral de los recursos públicos, sino contra el mismo crimen organizado con consecuencias terribles para la seguridad y las economías regionales".
Aunque reconoció que la transparencia y fiscalización se ve impedida ante "los mandatarios que prefieren guardar un silencio cómplice, esperando servirse de los recursos públicos y del dinero ilícito, como sus precedentes, evitando juzgar para no ser medidos con la misma vara cuando les llegue su turno".
Sin hacer mención directa de Andrés Granier Melo, Mario Villanueva Madrid y Pablo Salazar Mendiguchía, exgobernadores de Tabasco, Quintana Roo y Chiapas, respectivamente, y a mandatarios en el ejercicio de sus funciones, la Arquidiócesis de México advirtió que al parecer en nuestro país la evidencia "no es motivo suficiente" para crear leyes que permitan acabar con los llamados "paraísos autónomos de los gobernadores, pues basta la tolerancia del mandatario entrante para continuar la impunidad del saliente".
En la editorial del Semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis consideró como un "hecho histórico" que un gobernador esté encarcelado, acusado por "delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal", luego del encarcelamiento preventivo de Granier.
Señala como antecedentes los casos de Villanueva y Salazar, a quienes se les imputaron diversos delitos.
En el caso del exgobernador tabasqueño, dice que se trata de la acusación de su sucesor (Arturo Núñez), quien "ha decidido no ocultar las escandalosas irregularidades financieras de la anterior administración -a cargo de un partido de oposición- ni asumir el desfalco de recursos públicos que sufre la entidad".
El documento difundido entre los fieles católicos señala que "la corrupción no es prerrogativa de un solo partido: tenemos exgobernadores de todos los institutos políticos acusados de este mismo mal".
