El sainete en torno a la permanencia o destitución del director de finanzas de nuestra ciudad, resultó ser un factor de distracción para que perdamos de vista la realidad fundamental que nos aqueja: El estado de Coahuila y el Municipio de Torreón, están saqueados y quebrados.
Durante las últimas semanas, Pablo Chávez Rosique ha sido cuestionado no sólo por la síndica Natalia Virgil y el regidor Rodolfo Walss que han hecho un buen trabajo de fiscalización, sino por la Auditoría Superior del Estado que recomendó la destitución del Tesorero, a pesar de lo cual el Cabildo de mayoría priista, resolvió sostener al funcionario.
La Auditoría Superior del Estado de Coahuila ha mostrado su nula utilidad en el caso de la megadeuda de Moreira, por lo que los señalamientos al tesorero Chávez Rosique y su posible destitución, fueron vistos como lo que son: Un intento más de distracción de los estrategas de comunicación del grupo en el poder, que ni siquiera llegó al sacrificio del chivo expiatorio.
Lo cierto es que la destitución del Tesorero a cuatro meses del cambio de gobierno de poco sirve, porque no aporta solución alguna a la falta de transparencia en el manejo de los recursos, que amenaza permanecer después del relevo entre Olmos y Riquelme.
El estilo del moreirato al que están indisolublemente ligados los alcaldes entrante y saliente, está dominado por una obsesión por controlar la percepción ciudadana, a despecho de una realidad que se impone acusando el saqueo de las finanzas, que con terca insistencia se refleja en el deterioro de la infraestructura urbana y los servicios públicos.
Ignoramos el monto de la deuda que heredará Riquelme que además del pasivo bancario, se adereza con el desacato a jueces federales que ordenan devolver impuestos indebidamente cobrados, y el justo reclamo de proveedores y contratistas agobiados por falta de pago.
En tal escenario aparece a nivel Estado un nuevo elemento de distracción, que se concreta en el hecho de que la Legislatura de Coahuila dispone para el año entrante, que una parte del Impuesto sobre Nóminas se aplique a infraestructura en el medio rural y en colonias populares, contra lo acordado entre Gobierno y el sector empresarial.
Los dirigentes del Consejo Lagunero de Iniciativa Privada y de la Ciudad Industrial de Torreón, estiman que lo anterior viola lo acordado entre el sector empresarial y el Gobierno de Coahuila, en el sentido de invertir los recursos del ISN en vialidades y hospedaje industrial.
A la postura asumida por los organismos empresariales referidos, se enfrenta la opinión de otro empresario, dirigente de un sector del campo regional, que apoya la inversión del ISN en el medio rural, lo que amenaza generar bandos en pro y en contra entre quienes resulten favorecidos por una u otra forma de inversión, generando con ello una lucha entre ciudadanos que viene a sumarse al encono que carcome a nuestra comunidad.
El problema es que este tipo de controversias en nada contribuyen al progreso de la región ni a la vertebración de la sociedad y por el contrario, son alentadas por sembradores de cizaña profesionales, para mantener ocupados a los torreonenses en una dinámica de reyertas estériles en beneficio del control que ejerce el grupo faccioso que nos mal gobierna.
La verdad es que el impuesto sobre nómina es un gravamen inconstitucional que afecta negativamente a la generación de empleo y a la productividad, y viola los principios de equidad y de proporcionalidad que son la base legal de toda política fiscal. A ello se debe que desde la institución del ISN en tiempos de Eliseo Mendoza Berrueto, el gobierno de Coahuila controló la oposición al Impuesto mediante un pacto con los organismos empresariales según el cual, los contribuyentes tendrían el control de lo recaudado en virtud de ese impuesto, para que fuera invertido en los fines de interés público que estos últimos señalaron, es decir: Infraestructura vial y hospedaje industrial.
Los empresarios de la región no deben caer en el juego, ni permitir que el manejo del impuesto en cuestión se convierta en factor de enfrentamiento entre ciudadanos y por el contrario, deben cerrar filas exigiendo transparencia en el conjunto total de las finanzas públicas de Estado y Municipio.
