Investigación. La exlideresa del SNTE continúa en prisión en espera de que se le dé una resolución.
La PGR considera a Elba Esther Gordillo y sus cómplices como una "célula criminal" que operaba al interior del SNTE y la coloca como primer lugar en el listado de "Resultados relevantes del combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita", donde se detallan los casos sobre lavado de dinero.
En ese mismo apartado, la PGR incluyó procesos relacionados con secuestro, narcotráfico y lenocinio.
La institución utilizó el término de "célula criminal" para referirse al caso de la exlideresa magisterial, en el informe que hizo llegar al Senado, con motivo de la glosa del Primer Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
En el documento, la Procuraduría afirma que el proceso que se sigue contra Gordillo es un golpe directo contra la delincuencia organizada.
"Dichas personas se encuentran sujetas a proceso, lo que representó un golpe contra la delincuencia organizada, toda vez que se logró desarticular una célula criminal de diversos miembros pertenecientes al SNTE que desviaban y disponían recursos del mismo para un fin distinto a los destinados", asegura.
La PGR detalla que, como consecuencia de las acciones, se pudieron asegurar diversos inmuebles, vehículos, obras de arte y menaje, valuados en más de 35 millones de pesos.
El informe refiere que el pasado 23 de junio, se ejerció acción penal en contra de Gordillo, Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, Isaías Gallardo Chávez, José Manuel Díaz Flores y otros, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
En este rubro, la PGR informó que -de diciembre de 2012 y junio de 2013-, se iniciaron un total de 126 averiguaciones previas y de se despacharon 88, de las cuales, 61 derivaron en la detención de 61 personas y la consignación de 86, además de obtener 10 sentencias condenatorias.
Los otros casos "relevantes" informados al Senado por la Procuraduría describen el caso de Enrique Haro Villarreal, relacionado con la desaparición de un empleado de la constructora ICA FLUOR, en Monclova, Coahuila.
También detallan un caso del Distrito Federal, vinculado con una organización dedicada a la prostitución, trata de personas, lenocinio, pornografía, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
