El juez Primero de Distrito en Materia Penal en Nayarit con sede en Tepic, German Ramírez Luquín, dictó auto de formal prisión en contra de Alejandra Chávez y Sara Altamirano Ramos por su probable responsabilidad en el secuestro de dos menores de edad, hijos del hermano del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Oaxaca.
Las dos mujeres, una de ellas Altamirano Ramos, candidata a la presidencia municipal de Jalapa del Marqués por la coalición PAN-PRD-PT, y vinculada a la CNTE, fueron detenidas junto a 11 hombres el miércoles 22 de mayo en operativos realizados en Oaxaca y en el DF; posteriormente fueron conducidos a la prisión de Puente Grande Jalisco, donde se les dictó auto de formal prisión y las mujeres al centro de prevención de Tepic, donde esperaban conocer su situación jurídica.
Ayer martes el juez Ramírez Luquín dictó el auto de formal prisión a las dos mujeres por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada para cometer delitos de secuestro y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, cometido en agravio de dos menores de edad.
El juez encontró que existen suficientes elementos que demuestran su probable participación en los hechos que se les atribuyen dentro de la causa penal 136/2013. La situación jurídica les fue comunicada a las dos detenidas mediante exhorto a través del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en Jalisco.
El pasado 22 de mayo la Procuraduría General de la República (PGR) informó que las 13 personas arrestadas están acusadas de delincuencia organizada, portación de arma de fuego y de armas de uso exclusivo del Ejército, entre otros.
Los menores secuestrados son hijos del empresario Juan José Álvarez Candiani, hermano de Gerardo Gutiérrez Candiani, actual presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en el estado de Oaxaca, y tres de las 13 personas detenidas eran integrantes de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación en esa entidad. La PGR detalló que la consignación de las 13 personas está basada en una investigación científico-criminal que arrojó elementos contundentes y fehacientes que incriminan a los detenidos, además de las declaraciones de sospechosos.
