Distinguen entre morir y matar
No es lo mismo cuidar que matar. Así lo ha determinado el Tribunal de Apelación británico que ha confirmado lo que los tribunales ya habían explicado; no existe un derecho al suicidio asistido.
Pues los tribunales no entendieron que la petición de suicidio de dos enfermos fuera asimilable al derecho reconocido por la Convención Europa de Derechos Humanos con la posibilidad de matar a estas personas.
Según ha explicado la organización española Profesionales por la Ética, esta decisión judicial vuelve a poner de relieve la diferencia entre morir y matar. La organización británica Care, not killing (Cuidarlos, no matarlos), se ha felicitado porque la ley británica ha protegido a los más vulnerables: personas con discapacidad, con enfermedades terminales y ancianos que, de lo contrario, podrían verse presionados para poner fin a sus vidas.
La cultura de la muerte, fruto de una cultura del bienestar extendida hasta tal extremo que vincula dignidad a comodidad, se sigue topando con muros de cordura que entienden que el derecho a la vida está por encima de decisiones emotivas que pueden acarrear verdaderos holocaustos en forma de suicidio aceptado.
Jesús D Mez Madrid,
Girona, España.
Usurpadores de funciones
Es increíble, que el estado federal y estatal, permita que individuo o individuos, usurpen funciones, que sólo les corresponden a las instituciones, (aduanas,recaudación y más).
Con el pretexto de la representación social, le restan al Estado ingresos en el orden vehicular y estos individuos cometen el delito de fraude, al emitir documentos apócrifos. Son delitos con carácter de juicio y reclusión carcelaria. Esto es igual al que falsifica billetes y los cambia por dinero legal, es lavado de dinero. Y los delitos que resulten de falsificar documentos que sólo le corresponden al Estado. Para los que se dejan embabucar en este fraude y erróneamente asumen que ya tienen derecho vehicular, son un problema.
Circulan sin licencia. Actúan con prepotencia e impunidad. No respetan los lugares para discapacitados. No respetan los límites de velocidad, traen placas sobrepuestas o simplemente no traen placas. El delito es la evasión de impuestos correspondientes a su responsabilidad vehicular. Los decretos de los años setenta son claros y específicos. Que se les deje a estos “vivales” seguir cometiendo el fraude, en contubernio con alguien, ya es responsabilidad del mismo gobierno afectado. ciudadanos cumplidos, seguir indefensos ante la impunidad.
José Luis Nervaez Rosales,
Ciudadano de Torreón.
