Colocada por los gobiernos panistas como la fórmula mágica para hacer competitivo al país ("la competencia con sangre entra"), el priísta al relevo está frenando la desgravación arancelaria unilateral promovida por la Secretaría de Economía.La exposición de motivos para abrir una tregua de un año habla de incumplimiento de los compromisos pactados con los industriales para equilibrar la balanza y evitar la catástrofe.
En su afán de abrir las fronteras indiscriminadamente vía la disminución o desmantelación de impuestos de importación, los ex secretarios del ramo, léase Eduardo Ruiz Mateos y Bruno Ferrari, ofrecieron todo, desde bajar las tarifas eléctricas industriales hasta abaratar el costo del gas natural, pasando por tratamientos fiscales especiales…
Más aún, se hablaba de obligar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad a respetar las reglas de contenido nacional de sus contratos para infraestructura.
Naturalmente, del dicho al hecho… por más que la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero se fue con la finta.
El Decreto Presidencial que ordenaba la desgravación de aranceles en materia de productos siderúrgicos y similares se firmó el 9 de febrero de 2010, con dedicatoria al dragón chino.
Los impuestos cuyo monto se ubicaba entre 3% y 7% se redujeron entre 1% y 3% el primer día del 2011.
La traición en la que habían caído ingenuamente los industriales, es decir el incumplimiento de la parte que le tocaba al gobierno, provocó que éstos buscaran el amparo de la justicia, lo que se desechó en la primera ronda.
Sin embargo, sería el Sindicato Minerometalúrgico, Siderúrgico y Similares encabezado por Tereso Medina quien lograría una suspensión provisional… que desacató la Secretaría de Economía en un escenario en que se reventó, vía una chicana, una audiencia incidental convocada por el juez de Distrito del Octavo Circuito Judicial con sede en Saltillo, José Daniel Noguera Ruiz.La exposición de motivos de la dependencia frente al evidente desacato hablaba de que no era tan simple el reintegrar los aranceles o impuestos de importación al nivel que tenían antes de la rebaja unilateral decretada. Y aunque al final del día el Servicio de Administración Tributaria le envió un oficio a las 49 aduanas para alertarlas de imponer un tributo de 3% al país para productos de acero, se soslayó el de 5% que se cobra a las barras de metal y el de 7 a las grandes piezas.
La trampita provocó que el sindicato planteara una nueva acción judicial para clarificar el desacato.
El tesón de la dependencia para activar la guillotina, pues, se volvió patético, por más que nulo cuando se trató de cumplir sus promesas.
Lo cierto es que el acero no fue la única mercancía proveniente de países en que México no ha celebrado acuerdos de libre comercio que se ordenó desgravar.
La catarata se volvió interminable: Textiles, juguetes, calzado, productos electrónicos, bicicletas…
La luz verde a China se prendió cuando se inició el desmantelamiento de los castigos impuestos a sus empresas exportadoras por prácticas desleales de comercio que oscilaban donde recibir subsidios o subvenciones hasta llegar con "dumping" o precio inferior al del mercado de origen. La desesperación provocó la creación de un frente común por parte de 15 ramos industriales, cuyo primer acto fue promover la intervención del Congreso.
En el camino se habló de modificar la ley para acotar las facultades de la Secretaría de Economía en materia de reducción de aranceles.
Naturalmente, la tregua le permite al gobierno negociar el apoyo empresarial frente a las reformas en puerta.
Sin embargo, lo importante es que se reconozca el engaño a los industriales.
BALANCE GENERAL
Sería la suerte, sería el destino, el caso es que el juez que llevará el litigio promovido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para bloquear la operación por medio de la cual la empresa belga-brasileña Anheuser-Busch InBev se terminaría de engullir al Grupo Modelo, tiene fama de lento.
En el recuento del togado designado, Richard Robert, hay 73 resoluciones que no han llegado en seis meses y 50 con más de tres años en el escritorio.
De hecho, se habla de una reclamación a una compañía de seguros que se desahogó… ¡en nueve años!
De acuerdo a los analistas la demora podría enfriar los ánimos de la compradora.
OTRA CONTRA TELMEX
La sorpresiva negativa a una solicitud de amparo de Teléfonos de México le abrió la puerta a la empresa Marcatel para obtener información que la firma encabezada por Héctor Slim había calificado como riesgosa para la seguridad nacional.
Estamos hablando de todos los puntos de interconexión de la empresa hegemónica.
Solicitada desde el 2009 la información vía el IFAI, este a su vez la había calificado de "secreto industrial", lo que detuvo su flujo.
A partir de ahí se inició un ping-pong entre Marcatel y Telmex en el plano judicial, que terminó cuando ésta no logró atajar a tiempo una resolución favorable a la primera vía un amparo.La información está contenida en 10 mil hojas. El interés de Marcatel está en exigirle a la autoridad valorar si los puntos cumplen con la arquitectura y protocolos de las redes públicas, y si las tarifas que se cobran son equilibradas.
TRUENOS EN NUEVO LEÓN
Apaciguada la ira empresarial contra lo que se califica de incapacidad del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, para atacar la inseguridad, ésta revive con mayor virulencia bajo otra circunstancia: la decisión de incrementar el impuesto sobre nómina. El amago ha unificado a los organismos empresariales. Solamente en el caso de Cementos Mexicanos, se considera que con la nueva tasa del tributo local tendría que pagar adicionalmente 1.5 millones de dólares.
Ya se reparten machotes para amparos en serie.
DANZA DE MILLONES
Aunque en el papel el Talón de Aquiles de Pemex se ubica en la falta de recursos para el mantenimiento de sus instalaciones, el año pasado se le otorgó una partida de 19 mil 318 millones de pesos, que representó 14% más que en años anteriores.
El 78% de la cantidad se destinó al área de producción de petróleo crudo, gas, petrolíferos e infraestructura productiva en general.
El monto equivale al 6% del presupuesto total de la empresa pública.
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