SHCP. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó que a partir del 31 de agosto de 2013, entra en vigor el reglamento de la 'Ley Antilavado', que afecta al sector automotriz a la hora de adquirir un vehículo.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que a partir del 31 de agosto de 2013, entra en vigor el reglamento de la "Ley Antilavado", que afecta al sector automotriz a la hora de adquirir un vehículo.
Fausto Cuevas, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), dijo que la nueva ley preocupa a muchos consumidores, pero que ésta no deberá tener algún efecto en la industria de los autos, siempre y cuando se cumpla con la ley y se reporte de acuerdo con lo que exige el reglamento.
La "Ley Antilavado" apunta que para la adquisición de vehículos nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres se tendrá que restringir el uso de efectivo por un valor igual o superior a 3 mil 210 veces el salario mínimo (alrededor de los 208 mil pesos), vigente en el Distrito Federal, según Alberto Elías Beltrán, director de la Unidad de Implementación de la "Ley Antilavado" de la SHCP.
¿QUÉ NECESITA EL COMPRADOR? Las personas que deseen adquirir un auto y que además su costo sea superior a los 208 mil pesos autorizados por la dependencia del gobierno, tienen que presentar los documentos que le identifiquen plenamente, tales como: identificación oficial, RFC, comprobante de domicilio actual y un recibo que justifique y avale el origen de sus ingresos.
OBLIGACIÓN DEL VENDEDOR En el caso de las concesionarias, toda operación de compra-venta de autos que se pague en efectivo por el límite de los 208 mil pesos, la distribuidora tiene la obligación de identificar al cliente, incluida su actividad productiva.
A su vez, tiene la obligación de anotar en el expediente el giro económico del comprador y salvaguardar el documento por un lapso de cinco años y mantenerlo a disposición de la Secretaría de Hacienda.
El pasado 17 de julio entró en vigor la nueva "Ley Antilavado" con el fin de que las autoridades financieras tengan un control más eficiente sobre algunas transacciones en efectivo que se hacen en la economía mexicana.
Posterior a la entrada en vigor del reglamento de la ley se tiene la responsabilidad de presentar los avisos correspondientes a la Secretaría de Hacienda a partir del próximo 31 de octubre de 2013.
