Por segunda ocasión consecutiva, bajo el espectro de dos gobiernos, panista, uno; priista, otro, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero logró frenar el anuncio del ganador de la licitación para vestir el gasoducto "Los Ramones", calificado como la madre de los existentes en el país. La razón es idéntica a la que frenó la posibilidad en el último tramo del sexenio anterior: la pérdida de brújula en materia de reglas de contenido nacional, la misma que llevó al desastre la reconfiguración y modernización de la refinería de Cadereyta, Nuevo León.
Como usted sabe, la exigencia para contratos de gobierno, aquí y en China, incluida una reserva colocada en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, habla de un mínimo de 35 por ciento de materiales producidos localmente.
Las bases de licitación para el colosal gasoducto de mil kilómetros de largo y un costo de dos mil 500 millones de dólares, soslayan el punto en materia de tubos de acero, lo que deja al margen a empresas nacionales como Altos Hornos de México, Termium, Villacero, Tubesa, Tumex, Tubacero y Procarsa.
La puerta queda abierta para importar los insumos al país con prácticas de "dumping" o precios inferiores al mercado de origen.
Estamos hablando de un requerimiento de 60 mil toneladas de tubos de acero, cuyo precio internacional es de 90 millones de dólares.
La exigencia de las firmas mexicanas habla de un mínimo de 50 por ciento de contenido nacional.
En diciembre pasado la licitación la frenó el Subcomité Interorganismos de Normalización de Pemex, al considerar justa la reclamación.
Sin embargo, la paraestatal tropezó de nuevo con la misma piedra.
La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero había iniciado desde el año pasado una cruzada para exigir el respeto a las reglas en las licitaciones de Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional de Agua, lográndose la fijación de una norma mexicana que garantizara la adquisición de insumos producidos en el país.
La presión se hizo mayor al licitarse el Acueducto Monterrey, obra que implica una inversión conjunta del gobierno federal y el de Nuevo León de 13 mil millones de pesos.
La acción se realiza en combinación con el Sistema de Administración Tributaria, para detectar el número y las condiciones en que llegan los insumos al país, principalmente tubos de acero sin costura.
La exigencia de un mínimo de contenido nacional la empezó a soslayar Petróleos Mexicanos desde el sexenio zedillista. El caso extremo llegó en el contrato para la modernización y reconfiguración de la refinería de Cadereyta, Nuevo León.
Otorgado éste a un consorcio de mayoría coreana con razón social Conproca, en el que estaban las firmas SunKyong Engineering y Siemens, la paraestatal permitió la importación de decenas de toneladas de tubos de acero… usados.
De hecho, ante la corrosión evidente tuvieron que cambiar cientos de tramos.
La posibilidad de utilizar productos de "medio cachete" alcanzó también a válvulas.
A partir de ahí, en la presión se metió a los contratos la exigencia de un mínimo de contenido nacional, pero se calculaba apenas un porcentaje de 20 por ciento.
Bajo el marco del TLCAN, Estados Unidos y Canadá pugnaron porque el porcentaje fuera de 40 por ciento, sólo que bajo el marco de "contenido regional", es decir, utilizando insumos producidos en los tres países como válidos.
La cláusula de contenido nacional en los contratos oficiales representaba no sólo una opción de equidad, sino de seguro de participación mínima de las firmas establecidas en el país, en un escenario en que el 70 por ciento de los contratos de infraestructura los ganan empresas extranjeras, por más que se les da una participación mínima en los consorcios a las nacionales.
Concebido como la panacea para desterrar las "alertas críticas" que frenan el abasto de gas natural de las industrias, el gasoducto "Los Ramones" garantizará el suministro de gas natural importado de Estados Unidos hacia el centro del país.
Otorgado un primer tramo de 120 kilómetros para conectar Ciudad Camargo, Tamaulipas, con el municipio "Los Ramones" en Nuevo León, a un consorcio integrado a partes iguales por Petróleos Mexicanos, y la firma Sempra, la licitación frenada planteaba ubicar al ganador para el abasto de la materia prima.
¿Viva México?
BALANCE GENERAL
Fiel al cumplimiento de la cita, el Instituto Mexicano del Seguro Social entregó el viernes pasado su tradicional Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre su Situación Financiera y Riesgos, con una danza espectacular de cifras.
De entrada, el pasivo del organismo como tal, al margen del de sus seguros, ascendió a 212 mil 588 millones de pesos, de los cuales 63 mil 526 correspondían al costo de las obligaciones laborales.
El patrimonio de la instancia tripartita es de 82 mil 58 millones de pesos, lo que coloca a ésta en situación negativa.
El IMSS tiene un gasto de operación integrado en un 44.9 por ciento por servicios al personal; un 15.7 por pagos a pensionados y jubilados; un 14.3 por materiales y suministros; un 8.8 por servicios integrales y subrogación de servicios, y un 7.6 por subsidios.
Sus ingresos en el 2011 fueron por 268 mil 508 millones de pesos, a los que se agregaron 506 millones por venta de bienes y accesorios, y ocho mil 752 de intereses por manejo financiero.
El Instituto reconoce que en los últimos cuatro ejercicios fiscales los ingresos ordinarios no han sido suficientes para cubrir los egresos, por lo que se ha recurrido a las subcuentas del fondo laboral para apoyar la nómina para jubilados y pensionados.
Además, se han tomado recursos de la Reserva General Financiera y Actuarial y de la Reserva de Operación para Contingencias y Funcionamiento.
DEMANDA ASA A MEXICANA
A unos cuantos días de vencerse el plazo para ubicar un postor que acredite solvencia, o de plano decretar la quiebra de Mexicana de Aviación, la paraestatal Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), está demandando a la empresa un pago de 140 millones de pesos.
El reclamo se planteó vía el juzgado décimo segundo de distrito en materia civil, quien le está dando a la firma un plazo de cinco días para depositar los recursos.
Lo curioso del caso es que el reclamo se plantea pese a su notoria improcedencia, dado que estando la empresa en concurso mercantil no se puede distraer la llamada "masa crítica", hasta no desahogar éste.
De decretarse la quiebra, los recursos con que cuenta la aerolínea se prorratearán entre los acreedores, con prioridad para los trabajadores y el fisco.
GIGANTE POR LOS VIPS
El primero en levantar la mano para pelear por los restaurantes de la cadena Walmart, es decir, Vips, Portón, Ragazzi… es el grupo Gigante, encabezado por Ángel Lozada, quien a la venta de sus tiendas de autoservicio se quedó con la cadena Toks.
