Educación. Todas las promociones y los estímulos económicos estarán sujetos a evaluaciones de desempeño académico.
La Ley General del Servicio Profesional Docente permitirá frenar la venta de plazas para maestros y que miles de mentores se encuentren con comisiones sindicales sin dar clases, destacó la bancada del PRI en el Senado de la República.
En entrevista, la senadora Diva Gastélum Bajo subrayó que ese nuevo esquema "tiene sus bondades, lo más importante y lo que ha causado mayor ruido es establecer los criterios estrictamente académicos para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia".
Indicó que también ha generado polémica el fomento de los instrumentos para evitar la discrecionalidad, la venta y el tráfico de influencias en la designación de plazas docentes lo que, a su juicio, "es el fundamento más importante al que obedece la Ley General del Servicio Profesional Docente".
Planteó que la certeza jurídica es fundamental, por lo que ahora los ingresos y ascensos se darán sólo por concursos públicos de oposición y todo el que ocupe una plaza lo hará por sus méritos profesionales.
La Ley General del Servicio Profesional Docente también establece que todas las promociones y los estímulos económicos estarán sujetos a evaluaciones de desempeño académico.
Es decir, se otorgarán a quienes reúnan los requisitos de demanda de perfil, que obtengan las mejores calificaciones en los Exámenes Nacionales de Actualización para Maestros en Servicio (ENAMS), asistan a los Talleres Generales y Estatales de Actualización, aprueben los cursos de inducción y acrediten su avance profesional.
De acuerdo con la organización Mexicanos Primero, en 2012 existían en el país 22 mil 353 maestros comisionados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) con trabajos ajenos a su profesión.
En el ordenamiento se establece que son obligatorias las evaluaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y su periodicidad la determinará el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), considerando por lo menos realizar una cada cuatro años.
Sin embargo los profesores que no aprueben las evaluaciones no serán destituidos de sus cargos, pues la normativa prevé como un derecho la obligación de las autoridades educativas de brindar capacitación en esos casos.
El objetivo de la reforma es preparar y certificar a los mentores, no separarlos de sus funciones, por lo que el personal que muestre insuficiencia tendrá derecho de acceder a una segunda y tercera evaluación para mostrar sus capacidades.
Sólo quienes no se incorporen a los programas de regularización o no alcancen un resultado suficiente en las evaluaciones será separados del Servicio Profesional Docente.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el análisis de la cuenta pública 2011 se detectaron pagos irregulares por cinco mil 661 millones de pesos a profesores que no se encontraban frente a grupo.
Con ese nuevo esquema se crearán competencias entre los profesionales de la educación y se evitará que terceros se beneficien, participen, autoricen algún pago u otro tipo de contraprestación a cambio de plazas.
