Frenar exhibición de detenidos, piden ONG

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) exigieron el cese de la exhibición de víctimas del delito y personas detenidas en los medios de comunicación, debido a que esta práctica provoca estigma y discriminación, no fomenta la cultura de la denuncia ni tampoco garantiza el éxito en una investigación ministerial.

Dijeron que este acto que realizan autoridades policiales y militares, genera múltiples violaciones a los derechos humanos: a la presunción de inocencia; a la defensa adecuada; el derecho a no declarar en su contra; el derecho a no ser sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes; el derecho a la igualdad ante la ley y los tribunales; el derecho a una autoridad independiente e imparcial, y los derechos a la vida privada, intimidad, honra y reputación.

En un informe conjunto que entregaron a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Fundar, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto de Justicia Procesal Penal aseguran que, pese a ser una práctica ilegal, la exhibición de personas detenidas o víctimas del delito ante la opinión pública es una práctica arraigada tanto en los gobiernos federal como en los estatales.

En el documento indicaron que a nivel federal este acto se radicalizó en los últimos seis años. "Como nunca, la ciudadanía ha estado expuesta desde el espacio mediático a gran profusión de imágenes sobre víctimas mortales y cadáveres desmembrados; a la par, al enjuiciamiento fáctico de personas detenidas e imputadas de algún delito".

Recordaron al menos dos casos en los que se exhibió a los presuntos delincuentes: el de la ciudadana francesa Florence Cassez y el cadáver mutilado del presunto narcotraficante Arturo Beltrán Leyva.

En este último caso, explicaron, se realzó el dramatismo para hacer creer a la opinión pública que se estaba actuando contra los criminales.

 MéTODO COERCITIVO Las ONG especificaron que al menos 12 estados -Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán- mantienen una política clara de exhibición. En el ámbito local, aseguraron, esta práctica se realiza desde instituciones policiales o en el marco de una investigación como un método coercitivo y habitualmente precedido por tortura y otros tratos crueles y degradantes.

Esta práctica -reiteraron- violenta tanto los derechos humanos de las personas detenidas y puestas bajo la responsabilidad del Ministerio Público, como los de las víctimas del delito, sin que hasta la fecha se avizore un cambio en esta política criminal que claramente opta por el populismo punitivo como forma de legitimarse ante la sociedad.

"Requerimos de verdaderas investigaciones, en respeto a los derechos de la ciudadanía, que logren disminuir, por un lado, las estadísticas criminales y, por el otro, proveer de verdadera justicia a las víctimas", afirmaron las ONG.

Agregaron que es común, por ejemplo, que las personas exhibidas en los medios luego sean liberadas ante la falta de pruebas.

Como resultado de ello, explicaron, se generan en las personas traumas que alteran su integridad sicológica y física, y repercuten en su vida familiar, social, laboral, profesional y de proyección de vida, "a causa del estigma y la discriminación que deviene de la exposición pública como delincuente".

 LAS CONSECUENCIAS Algunas de las dificultades documentadas por la CDHDF, son: estigmatización social en sus colonias, consecuencias de los hijos en las escuelas -algunos fueron corridos y señalados como hijos de delincuentes-, dificultad para encontrar empleo o pérdida de éste, dificultad para obtener créditos bancarios; generación de incertidumbre por parte de familiares o compañeros de trabajo y riesgos en su seguridad tras la revelación de sus datos personales.

Solicitaron a las procuradurías federal y estatales que generen una política de comunicación social que no vulnere los derechos humanos de las personas víctimas del delito o probables responsables; en los casos donde se ha exhibido a personas como delincuentes y que han sido liberadas por falta de pruebas, informar sobre su situación real jurídica a la opinión pública y eliminar su caso de Internet, así como reparar los daños causados.