Aplaudida hasta sangrarse las manos por el presidente de la Concamin, Francisco Funtanet Mange, la llegada al país de un buque-tanque con gas natural adquirido por Pemex en el mercado spot a precio de escándalo, ahora resulta que el remedio resultó peor a la enfermedad.
De acuerdo a las reglas para el prorrateo del combustible a regasificarse en una planta instalada en Manzanillo, dictadas por la Comisión Reguladora de Energía, en circunstancias críticas los industriales lo pagarán en cuatro tantos más de su valor normal.
Estamos hablando de 20 dólares el millón de BTU's, frente a los 3.80 que marca el índice Henry Hub que utiliza nuestro país como referencia internacional.
Una mala jugada de la paraestatal, pues, les costará a todos los usuarios. De hecho, el incremento, en menor proporción, llegará también a los consumidores domésticos que se embarcaron en lo que a simple vista parecía la panacea.
Castigada la cadena en su totalidad, de entrada todos los usuarios están pagando desde el inicio del mes que corre un sobreprecio de 68 centavos de dólar, equivalente al 18 por ciento.
El ajuste, según ello, es para pagar el costo del flete marino del combustible que plantea un abasto de 200 millones de pies cúbicos diarios, frente a una demanda total calculada a cuatro mil 800.
Ahora que si por alguna circunstancia una empresa acerera, cementera, papelera, vidriera y demás, requiriera más combustible del habitual, se le cargaría una penalización aún no cuantificada.
Habrá pues castigo para las industrias que decidan producir más para empatar la oferta.
De darse lo que se ha llamado "alerta crítica" en fase uno, entonces las empresas pagarán un costo adicional de 3.80 dólares el millón de BTU's, es decir, el doble.
De llegarse a la fase 2, el costo adicional será de 20 dólares, es decir tres más de lo que se cotiza en el Extremo Oriente, el costo más caro del planeta.
La justificación de la autoridad habla de medidas transitorias, dado que con la terminación de los gaseoductos en proceso de construcción, todos con punta a los Estados Unidos, se podrá importar sin problemas el combustible de ese país, cuya oferta es mayúscula ante el empleo de gas shale en procesos productivos.
Se calcula que las obras queden listas en el 2014-2015.
QUÉ TANTO ES TANTITO..
Lo cierto es que en los últimos 10 meses se han registrado 130 alertas críticas que han impactado a la industria con 21 mil millones de dólares.
Calcule usted cuánto le cuesta a una firma siderúrgica apagar a sus altos hornos.
La paradoja del caso es que a la mitad del año pasado, cuando se empezó a resentir el problema en el Centro y el Bajío, el gobierno juró y perjuró que el problema no era de oferta, sino de saturación de los ductos.
Error de cálculo, pues, ante la llegada de decenas de empresas manufactureras al país, principalmente a Guanajuato y Querétaro.
Originalmente la Comisión Reguladora de Energía había señalado que cuando las empresas solicitaran combustible aún en la alerta crítica, este se cotizaría a razón de 12 dólares por millón de BTU's, es decir el precio que rige en Europa, con la advertencia de que el costo se ajustará trimestralmente.
A la llegada del barco a Manzanillo, Pemex Gas había señalado que el combustible se vendería en 21 dólares.
La Comisión Federal de Electricidad mantiene vivo un contrato con la empresa española Repsol que le proporciona el combustible procedente de Perú al costo del Índice Henry Hub… menos ocho por ciento.
El gobierno planea mal. El país paga los costos.
Freno al crecimiento industrial.
BALANCE GENERAL
Finalmente el Ayuntamiento de Benito Juárez, es decir Cancún, le negó a la empresa promotora del proyecto Dragon Mart la licencia para construir lo que sería un megacentro de exposición y venta de productos chinos al mayoreo en el predio conocido como el Tucán.
La decisión provocó una reacción airada de la firma Real State Dragon Mart, quien amenaza con demandar al presidente municipal, Julián Ricalde Magaña.
La exposición de motivos señala que la compañía no cumplió los requisitos necesarios para la cimentación de un coloso que tendría tres mil 400 locales comerciales, una plaza cultural de 65 mil metros cuadrados, 722 viviendas y un hotel.
La confianza de la firma se sustentaba en que previamente el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental le había otorgado la manifestación del impacto ambiental requerida, con la novedad de que ésta no tenía jurisdicción en el asunto.
La competencia le corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
GOLPIZA A TéLLEZ
La noticia es que el juez 27 de lo Civil en el Distrito Federal emitió una sentencia condenatoria contra el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Luis Téllez, a quien había demandado la cadena de tiendas Elektra por daño moral.
El asunto se remonta al 16 de abril del año pasado, cuando el funcionario bursátil afirmó en un programa radiofónico que la caída en el precio de las acciones de la firma obedecía a que ésta dejaría de formar parte del Índice de Precios y Cotizaciones y a que el mercado se adelantó a un reporte negativo de la cadena.
Con la primera afirmación Téllez adelantaba una decisión que en tal caso debía ser colegiada. La segunda resultó falsa.
El reporte trimestral de Elektra hablaba de un crecimiento de ventas, piso de ventas y, naturalmente, utilidades.
De acuerdo al juez de la causa, el Código de Ética Profesional de la Comunidad Bursátil señala que el presidente de la Bolsa está obligado a actuar bajo los principios de honestidad, integridad, diligencia, imparcialidad, probidad y buena fe, a fin de no afectar al público inversionista ni a las emisoras que se ubiquen en el mercado de valores.
En la condena se obliga a Téllez a pagar una indemnización aún no cuantificada, además de publicar de su peculio un extracto de la sentencia.
El problema mayor, empero es que el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores queda en entredicho para seguir desempeñando el cargo de acuerdo con el artículo 45 de lo Civil y los propios estatutos sociales del organismo.
SE CALIENTA EL PLEITO EN GAP
Negada por un juez de Jalisco la posibilidad de que se realizara una asamblea extraordinaria de accionistas del Grupo Aeroportuario del Pacífico a petición del Grupo México, propietario del 29.5 por ciento de las acciones en las serie B, el pleito subió de tono.
La firma encabezada por Germán Larrea Mota Velasco está acusando a los accionistas de control del emporio de terminales aéreas, encabezadas por Eduardo Sánchez Navarro, de provocar una pérdida de mil millones de pesos a la firma por malos manejos administrativos.
Además, existen cargos por impedir la designación de consejeros; por bloquear la información de la empresa; por negar derechos de accionistas, y por violar la Ley del Mercado de Valores.
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