En respuesta a una solicitud de información de un particular, la Procuraduría General de la República (PGR) reportó que en los dos sexenios anteriores, durante los años 2000 a 2012, las autoridades de entonces gastaron 178 millones 261 mil 493 pesos, para cubrir gastos relacionados con la protección de testigos colaboradores.
Tras esta petición, el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) instruyó a la dependencia buscar y proporcionar esa información desglosada por costos de manutención, transporte, vivienda, compensación u otros, tal y como le fue requerida por el solicitante.
En respuesta, la PGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), proporcionó la relación de los testigos por año y por gasto, de 2000 a 2012.
De este modo, indicó que las anteriores autoridades registraron en 2000 a 27 testigos protegidos; en 2001, 35; en 2002, 42; en 2003, 39; en 2004, 44; en 2005, 48; en 2006, 43; en 2007, 50; en 2008, 57; en 2009, 61; en 2010, 43; en 2011, 60, y en 2012, a 65.
Asimismo, puso a disposición del particular la relación del gasto ejercido por años: 2000, 2 millones 397 mil 627 pesos; 2001, 5 millones 823 mil 927 pesos; 2002, 13 millones 370 mil 525 pesos; 2003, 13 millones 235 mil 68 pesos; 2004, 13 millones 834 mil 73 pesos; 2005, 14 millones 564 mil 594 pesos; 2006, 13 millones 702 mil 688 pesos; 2007, 10 millones 913 mil 904 pesos; 2008, 15 millones 123 mil 153 pesos; 2009, 20 millones 197 mil 167 pesos; 2010, 14 millones 825 mil 320 pesos; 2011, 18 millones 105 mil 351 pesos, y 2012, 22 millones169 mil 96 pesos.
Por lo que se refiere a los requisitos que debe cumplir la persona que decide acogerse a la figura de testigo protegido, la PGR indicó que éstos se encuentran establecidos en el artículo 35 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (LFCDO), pero dijo no contar con el resto de lo solicitado.
