La opacidad, el derroche y la discrecionalidad fueron sellos de la administración de Humberto Moreira. Gracias a ellos, el exgobernador de Coahuila logró construir una imagen que lo catapultó a una efímera presidencia nacional del Partido Revolucionario Institucional. Hoy vive una especie de autoexilio, lejos de las responsabilidades y de la rendición de cuentas. Mientras tanto, siguen surgiendo preguntas sobre el manejo financiero en su gestión que se suman a las ya existentes en torno a la deuda de 36 mil millones de pesos que dejó.
En la semana pasada, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) publicó las cifras sobre la pobreza en México de 2010 a 2012. Entre los datos destaca que en Coahuila el número de personas que viven por debajo de la línea de bienestar aumentó en esos dos años en 23 mil. Llama la atención que el gobierno estatal presupuestó 13 mil 273 millones de pesos en 2010 para la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), de los cuales 10 mil 419 millones estaban etiquetados para “inversión pública”.
Una investigación realizada por El Siglo de Torreón reveló que de esos 10 mil 419 millones de pesos, sólo el 14 por ciento, es decir, mil 464 millones se encuentran registrados en el V Informe de Gobierno de Humberto Moreira en 2010. ¿Y el resto? ¿Dónde quedó? Las cuentas públicas de ese año no desglosan los recursos invertidos en programas sociales.
Por otra parte, el presupuesto de egresos de 2010 aprobado por el Congreso local contemplaba sólo 580 millones de pesos para la Sedeso, por lo que los más de 13 mil millones de pesos reportados como gasto de la secretaría habrían sido adquiridos en forma de créditos solicitados por el gobierno estatal. Sólo en 2010, el ejecutivo de Coahuila solicitó préstamos por 21 mil millones de pesos.
Ahora bien, de los 36 mil millones de pesos de deuda que se contrató en todo el sexenio pasado, al menos 18 mil millones no han sido justificados. Es fácil suponer que dentro de ese monto está el enorme gasto social reportado, mas no explicado, en las cuentas públicas de 2010.
Frente a esto, la pregunta es una: ¿dónde está el dinero? Es obligación del gobierno de Rubén Moreira investigar qué pasó con esos recursos y llamar a cuentas a los responsables de manejarlos. No obstante, esto se antoja difícil, debido al parentesco del exgobernador con el gobernador, quien en varias ocasiones ha asegurado que el desastre financiero del estado es un caso cerrado. Pero no lo será hasta que no se esclarezca lo ocurrido y se castigue a los culpables.
