En corto plazo. La estrategia de seguridad del Gobierno federal señala que la Policía Federal no tendrá cambios en el corto plazo.
En las próximas dos semanas el Gobierno federal ampliará detalles sobre su estrategia regional de seguridad, ofrecerá pormenores sobre las nuevas atribuciones de la Policía Federal, la integración de la gendarmería nacional, y dará a conocer un plan de seguridad para las carreteras en el que participaría este nuevo cuerpo que integrarán en principio militares y marinos.
Luego de entrar en vigor la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, que desapareció la Secretaría de Seguridad Pública y devolvió a Gobernación las responsabilidades en la materia, en el Congreso ya solicitaron pormenores sobre la reestructuración institucional con los siguientes pasos a seguir.
La Secerataría de Gobernación, por su parte, informó que nada cambiará en el corto plazo en la Policía Federal, cuya estructura administrativa se mantendrá, aunque sus funciones cambiarán para constituirse como un cuerpo de "misiones especiales".
EL CONGRESO YA TIENE DETALLES
Por lo pronto, en las comisiones de Seguridad y Justicia de la Cámara de Diputados ya circula un documento que contiene algunos detalles sobre la próxima integración de gendarmería nacional, con base en la información que proporcionó el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, durante su visita al Senado en diciembre pasado.
Frente a la propuesta de la gendarmería y las expectativas al respecto que ha despertado el Gobierno federal, el especialista Ernesto López Portillo, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), prefiere guardar distancia: "Todavía no tengo la información que quisiera para entender qué es la gendarmería, aún no entiendo para qué".
Sin embargo, advierte que está probado que los militares no son el personal adecuado para construir comunidades seguras. "Es un asunto muy sencillo: no están formados y no lo estarán para trabajar con la gente".
En los equipos de asesores de las comisiones de Seguridad y Justicia, por su parte, destacan dos tareas que llevaría a cabo la próxima gendarmería: la vigilancia de carreteras consideradas de alto riesgo y de puntos estratégicos de las fronteras sur y norte para atacar el tráfico de personas.
En el último sexenio, el robo en carreteras se disparó al pasar de 982 denuncias en 2007 a 3,214 hasta noviembre de 2012, de acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Las cifras más altas de este delito corresponden a entidades como Guerrero y Michoacán, que en 2012 reportaron 737 y 582, denuncias ante Ministerio Público, en comparación con Yucatán y Sonora, que no tuvieron un solo caso. O Coahuila, que reportó 89 casos y Chihuahua 21, mientras Puebla y Tlaxcala cuentan 313 y 278, respectivamente.
Respecto de la trata de personas, de acuerdo con el diagnóstico Human Trafficking Assesment Tool, realizado por la American Bar Association (ABA), en México se han detectado 47 bandas dedicadas a la trata de personas con fines sexuales y laborales, y documentó que las entidades con mayor riesgo de que se cometa ese ilícito son el Distrito Federal, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Quintana Roo.
OPCIóN TEMPORAL
La integración de la gendarmería nacional está prevista en varias etapas, que arrancará con una convocatoria abierta para elementos del Ejército y la Armada interesados en integrarse, y a condición de pasar los exámenes correspondientes.
Se prevé que el traslado de militares al cuerpo de gendarmería se concretará mediante convenios que reconocerán sus derechos y antigüedad en el ejército y de acuerdo con la Comisión de Seguridad, el Gobierno federal prevé que su conformación total concluya en un año y medio, aproximadamente, durante el cual se instalarían 15 bases de operación en estados como Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Guerrero y Morelos, entre otros, así como en puntos estratégicos de la frontera sur.
En el documento se detalla que la gendarmería actuará en coordinación con las policías estatales y la Policía Federal, que abandonará la seguridad territorial para actuar bajo un nuevo esquema de operaciones especiales. Con la integración de la gendarmería nacional, el Gobierno federal integra por segunda ocasión una nueva corporación con elementos del Ejército Mexicano, pues antes lo hizo con la Policía Federal Preventiva, que nació en 1999, durante la administración del entonces presidente Ernesto Zedillo.
López Portillo explica que los ciudadanos no necesitan militares, sino mejores policías, cuyas habilidades, en sociedades democráticas, no son el uso de las armas, sino la mediación, la persuasión y la resolución de conflictos, como lo definió desde hace ya muchos años el Comité Internacional de la Cruz Roja.
"Necesitamos una policía en comunicación con la gente, que trabaje con ella en la calle, con la capacidad de resolver conflictos. Pero ni la gendarmería, ni ningún cuerpo de seguridad militarizado van a a constituir una solución sostenible".
Para López Portillo la gendarmería debe estar proyectada, si acaso, para actuar como soporte en situaciones extremas, en zonas o municipios donde se ha perdido la capacidad de gobernar, pero de manera temporal y focalizada, para enfrentar amenazas de alto impacto, para neutralizarlas.
Pero hay que enteder, dice, que la apuesta estratégica fundamental no es la gendarmería, sino que ésta es un medio para construir las condiciones para crear capacidades locales, como una policía local de proximidad con la gente y mecanismos de participación ciudadana.
"Toda la estrategia tendría que estar soportada en la construcción de capacidades locales, porque un país seguro se construye desde comunidades seguras, que a su vez crean municipios seguros, estados seguros y un país seguro".
Para ello, agrega, hay que admitir que detrás de una institución policial débil, hay una estructura política débil. Por eso espera que las decisiones de intervención de la próxima gendarmería se sostengan en un diagnósitico de las capacidades o de la vulnerabilidad de la seguridad y la justicia, así como de la vulnerabilidad política, sobre todo de las alcaldías.
López Portillo recomienda además dotarla de mecanismos de control y vigilancia. "Tendría que estar formada con altos estándares de protocolos de uso de la fuerza y acompañada por sistemas de monitoreo que incluyan por lo pronto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
No puede operar sola, dice: "Por eso hemos propuesto al auditor de la policía federal. Vamos a seguir insistiendo para que exista una auditoría especial que avalúe resultados. Y si se va a crear una gendarmería, todavía con más razón. Necesitamos evaluar sus patrones de comportamiento y el diseño institucional que se vaya a instalar para poder hacer esta operaciones".
Advierte que si no se construyen sistemas de control eficientes, que incluyan sistemas externos e internos, la gendarmería también se va a descomponer. "Podemos anticiparlo porque la historia es ésa: son cuerpos que cuando se encierran, construyen ciclos viciosos de autoevaluación, en donde la sociedad no sabe si hay consecuencias para el mal desempeño".
