Las declaraciones del gobernador de Coahuila Rubén Moreira, en el sentido de que la falta de inversiones en la Comarca Lagunera deriva de la falta de competitividad de la planta productiva regional, es parte de un trato denigratorio que corresponde a un propósito político deliberado, que tiende a disculpar los efectos del mal gobierno que encabeza.
Las declaraciones del gobernador ocurren en un momento en que de cara al segundo informe anual de su administración, en la región se escucha un reclamo generalizado, en virtud del trato desigual que sufre Torreón por parte de las autoridades estatales, en cuanto a inversión pública, frente a la ciudad de Saltillo.
Los dimes y diretes entre gobernante y gobernados salen sobrando, porque aún en el supuesto de que quienes integramos la sociedad torreonense fuéramos ineptos por esencia o accidente, por naturaleza o circunstancia, nuestra ineptitud lejos de exonerar al gobierno de Moreira, lo obliga con mayor razón en función del principio de subsidiariedad, según el cual los gobiernos deben suplir las deficiencias de las sociedades.
Moreira pasa a sugerir que se funden más universidades en nuestra región, lo que es desconcertante, porque pocos lugares del territorio nacional ofrecen tantas alternativas de educación pública y privada en todos sus niveles, como la Comarca Lagunera en su doble vertiente de Coahuila y Durango.
No es necesario ser muy sagaz para advertir en la crítica del Gobernador, un reproche a la incapacidad de los empresarios y la falta de oferta de recursos humanos capacitados al mercado laboral, lo que de acuerdo al análisis de Moreira sería la causa por la cual las inversiones no llegan a nuestra ciudad.
Sin embargo de lo anterior, basta analizar el informe de resultados de la Auditoría Superior del Estado (ASE) relativa al año de 2012, para advertir que existe una serie de causas que explican la falta de competitividad de la región, relacionadas con el mal desempeño del Gobierno de Coahuila. Lo anterior se concreta en el exceso del gasto público por un sobregiro de quinientos setenta y nueve millones de pesos en el rubro de sueldos de funcionarios y empleados, y otro de novecientos diez millones en el renglón de servicios generales, frente a la caída de la inversión pública al sesenta y cuatro por ciento de lo presupuestado.
En el caso del servicio al pago de la deuda ocurre una caída semejante, puesto que de cuatro mil doscientos noventa y ocho millones que el gobierno presupuestó, sólo cubrió dos mil setecientos cincuenta y seis. Lo más sorprendente del informe de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila cuyo comentario nos ocupa, es que la propia dependencia manifiesta que le resulta imposible emitir una opinión sobre la gestión financiera del Gobierno del Estado, por falta de la información relativa a los presupuestos de los programas del propio Gobierno.
Lo expuesto pone de manifiesto que la transparencia sigue siendo una asignatura pendiente del Moreirato y a ello corresponde el alto nivel de percepción de corrupción que tiene postrado a nuestro Estado y región, que coincide con los resultados del ranking publicado por la Revista Forbes, que incluye al exgobernador Humberto Moreira como un personaje que es percibido como campeón, en este oscuro tema de la corrupción.
El manejo opaco y caprichoso del presupuesto público, es la causa de que en nuestra ciudad exista un déficit de infraestructura y un descuido notable del mantenimiento, y no haya una oferta concreta de alojamiento industrial, que permita recibir la inversión foránea nacional y extrajera.
Si a lo anterior sumamos el tema escabroso de la inseguridad la falta de inversiones en la región se explica, y no por falta de escolaridad de los torreonenses ni por falta de competitividad de los empresarios de la Comarca, sino por una evidente incompetencia del gobierno de Moreira.
