Las organizaciones de naciones de América han tomado medidas para sancionar a países que aparentemente han violado sus constituciones políticas. Lo hicieron con Honduras, cuando el presidente Manuel Zelaya fue depuesto en 2009 por la Asamblea Nacional. También cuando el Senado de Paraguay destituyó por 39 votos contra cuatro al presidente Fernando Lugo. La OEA, el Mercosur y Unasur con rapidez aplicaron sus "cláusulas democráticas" para suspender derechos y presionar a estos países para revertir estas decisiones.
Representantes de la oposición en Venezuela exigen que estas instituciones, y en particular la Organización de Estados Americanos, apliquen el mismo criterio a Venezuela si se confirma la postura de mantener a Hugo Chávez en el cargo de presidente pese a su aparente incapacidad para rendir protesta el 10 de enero como ordena la constitución que él mismo impulsó y promulgó.
En una carta dirigida a José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, los miembros de la Mesa de la Unidad de oposición en Venezuela señalaron: "Si para el 10 de enero no se produce la juramentación del presidente y no se activan las disposiciones constitucionales relacionadas con la falta temporal del presidente de la república, se habrá consumado una grave violación al orden constitucional en Venezuela que afectará la esencia de la democracia."
Eladio Loizaga, un diplomático paraguayo, declaró al periódico ABC Color de Paraguay que Mercosur y Unasur tendría la obligación de sancionar a Venezuela en caso de que Chávez se mantenga en el poder sin cumplir con el requisito constitucional de jurar su cargo. El Mercorsur, dice, tendría que aplicar la "cláusula democrática" del Protocolo de Ushuaia como lo hizo con Paraguay. El Unasur, una comunidad de 12 países, tiene una norma similar.
Los personeros de Chávez en Venezuela, como el vicepresidente Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello --quien de hecho debería asumir el poder si no hay toma de protesta para decidir si la ausencia del presidente electo es temporal o definitiva, en cuyo caso debería convocar a nuevas elecciones--, han mantenido la posición de que Chávez seguirá siendo presidente aun cuando no pueda prestar juramento.
El artículo 231 de la constitución venezolana de 1999 dice textualmente: "El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de presidente o presidenta de la república el 10 de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el presidente o presidenta no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia."
La oposición sostiene que el artículo es claro y establece que la toma de posesión del nuevo mandato se hace con el juramento ante la Asamblea o el Tribunal. Los chavistas afirman que el juramento es un mero formalismo y que la constitución no establece plazo para rendir protesta ante el Tribunal Supremo, por lo que Chávez podrá hacerlo cuando quiera o pueda.
Las interpretaciones jurídicas nacionales favorecerán a Chávez, quien desde La Habana mantiene control sobre la Asamblea y sobre el Tribunal Supremo. Lo paradójico es que cuando los congresos y tribunales locales de Honduras y de Paraguay determinaron que eran legales las destituciones de Zelaya y Lugo, la OEA, el Mercosur y Unasur desconocieron estas decisiones. Parecería que hay dos raseros. Chávez puede violar su propia constitución, pero no los gobernantes de otros países.
PREOCUPADOS
Los presidentes y ministros de países como Ecuador, Nicaragua, Bolivia y Argentina acuden con temor a Cuba y a Venezuela para apoyar al presidente venezolano Hugo Chávez. El régimen cubano de los hermanos Castro es el más preocupado. Y tienen razón, ya que Chávez ha utilizado los recursos petroleros de los venezolanos para subsidiarlos a todos.
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