Esto de la corrupción de la clase gobernante es una verdadera historia sin fin. Son incontables los casos de funcionarios públicos -lo mismo a nivel municipal que estatal y federal- que aprovecharon sus cargos para enriquecerse a sabiendas de que en este país no pasa nada. El manto de la impunidad está garantizado porque no lucran solos, necesitan cómplices o "tapaderas", así que "roban, pero salpican".
Vicente Blasco Ibáñez, el periodista español que vivió en México durante los años turbulentos del siglo pasado, narra su encuentro con el presidente Obregón:
"-A usted le habrán dicho que soy algo ladrón.
No sé qué contestar.
-Sí -insiste-; se lo habrán dicho indudablemente. Aquí todos somos un poco ladrones.
-¡Oh general! ¿Quién puede hacer caso de las murmuraciones?... Puras calumnias.
Obregón no parece oírme y sigue hablando.
-Pero yo no tengo más que una mano, mientras que mis adversarios tienen dos. Por eso la gente me quiere a mí, porque no puedo robar tanto como los otros.
Obregón celebra el chiste con una risa discreta de muchacho cínico, mientras los dos amigos que nos acompañan saludan la gracia del héroe con interminables carcajadas."
La prevalencia de una cultura cínica en distintos estamentos sociales hace que esos personajes, señalados por su corrupción, se muevan en los altos círculos del poder sin asomo de vergüenza. Están entre los suyos. Por eso, la información sobre las averiguaciones en curso, tanto en el fuero local como en el federal, que involucran al exgobernador de Tabasco Andrés Granier y a una docena de sus colaboradores y parientes resulta un garbanzo de a libra.
El deslinde de César Camacho, dirigente nacional priista, quien calificó las revelaciones como "francamente vergonzosas" y señaló que el exmandatario "no sólo le hace daño al PRI" sino "a la política, al servicio público y a los tabasqueños", se suma a las señales que parecen advertir que sólo es cuestión de tiempo para que la justicia los alcance.
Lo que va saliendo a la luz pública acrecienta las sospechas. En su última declaración patrimonial como gobernador, "El Químico" reportó tener en sus cuentas bancarias modestos 40.2 millones de pesos y nueve bienes inmuebles con valor de 26 millones 160 mil pesos. Por lo que hace a su exsecretario de Finanzas, José Manuel Saíz Pineda, exhibe sin recato bienes costosísimos como un Ferrari F430 con valor de 4 millones 600 mil pesos o la compra irregular de 136 hectáreas de tierras ejidales en Yucatán. Entorno de rapiña o bonanza inexplicable que llegó a su secretaria, Marlis Cúpil, quien al parecer adquirió terrenos con valor de 3 millones de pesos en una zona residencial de Villahermosa, y habría "salpicado" incluso al chofer del funcionario.
Todo indica, pues, que el margen de maniobra se le achica al exgobernador Granier y los suyos. Sus días de libertad y buena vida están contados.
Lo lamentable del asunto es que confirma que la corrupción es una auténtica política de Estado que aplican todas las autoridades. Y que un caso aislado, otro más, no desincentiva el asalto a las arcas.
Bastaría recordar que el viejo PRI, en sus años de esplendor, acostumbraba inmolar un "cordero pascual" para expiar los pecados sexenales de todos. Así entraron a la cárcel personajes como Eugenio Méndez Docurro, Félix Barra García, Alfredo Ríos Camarena, Jorge Díaz Serrano, Raúl Salinas de Gortari y Mario Villanueva. De ahí que no resulte inútil reiterar la pregunta de siempre: ¿cuándo dejará de utilizarse a la justicia como instrumento al servicio de la política? Porque son incontables los casos de autoridades enriquecidas e impunes.
Para el gobierno de Peña, Granier es perfectamente sacrificable, su eventual encarcelamiento con todas las de la ley enviaría un mensaje de gran impacto para la sociedad y los profesionales de la cosa pública: durante su administración no se protegerá a los corruptos, aunque se trate de distinguidos miembros de su partido. La solución, de haberla, desborda los territorios de la anécdota y la consagración del chivo expiatorio. Se requieren cambios de fondo en la cultura política y en el diseño jurídico-institucional. El primer paso en esa dirección no puede ser otro que aplicar la ley con todas sus consecuencias.
Twitter: @alfonsozarate
